Efectividad, innovación, estado y revolución

El estado-nación tiene responsabilidades que han venido consolidándose desde su surgimiento a finales de la edad media. El tránsito inicial de estos compromisos durante el absolutismo dejaba pocos espacios para una relación desde el gobernante al gobernado y sólo el primero podía hacer uso y abuso de su poder casi sin ningún límite. Sin embargo, prosperaba gradualmente la idea de que todo rey, por más absoluto y divino que fuera, debía promover los mecanismos para que su pueblo considerase justificado su accionar, para aceptar su vasallaje. Debía demostrar algún tipo de criterio moral para la administración de justicia, de tal modo que sus actos discrecionales e injustos se compensaran para que la sociedad justificara su dependencia política y emocional, aunque también se utilizase para ello la violencia.

Luego de la revolución francesa, este concepto se haría más patente al crecer el concepto de pueblo como ente orgánico capaz de asumir operaciones concretas, inclusive la de juzgar y condenar al rey, bajo la justificación de un conjunto de principios y valores de orden natural o surgidos a través de alguna forma de liberación mental de las mayorías. Más adelante la revolución industrial impulsaría las transformaciones en el mercantilismo y, con éstas, los cambios políticos que permitirían el avance de las democracias occidentales y el progresivo desarrollo de derechos para la gente a partir de las funciones del estado, incluyendo los vinculados con la salud y la enfermedad, los de género, los derivados de la relación de trabajo, los de minorías, etcétera. Tampoco este proceso estuvo desprovisto de violencia.

El estado se perfecciona en el cumplimiento de ciertos servicios y sufre pruebas de fuego para construir un sistema impositivo más agresivo y progresivo (en su capacidad de recibir de cada vez más contribuyentes y más proporción de sus rentas) en favor de bienes y servicios que cobran trascendencia para la sociedad más allá de la seguridad y la justicia, por ejemplo, la educación masiva. Hace apenas dos siglos imaginar en cualquier lugar del planeta que el estado tendría responsabilidades para la educación básica de las grandes mayorías podía resultar casi un mal chiste, una sandez.

Aunque se trata de un desarrollo muy reciente (contemporáneo al capitalismo) de la economía de excedentes que domina la humanidad desde el neolítico, su impacto cultural es enorme y la mayoría de los habitantes del planeta consideran razonable que el estado les garantice (o al menos tenga la intención de hacerlo) seguridad externa e interna, acceso más o menos igualitario a la justicia, remedios generales para los quebrantos de salud y promoción de sus actitudes sociales y aptitudes productivas a través de algún sistema de educación. También se asume que el estado se encarga de las más exigentes infraestructuras y de la regulación de los mercados allá donde la concurrencia libre y competente no parezca la norma general para la construcción de oferta (asumiendo incluso funciones concretas para enfrentar los monopolios). Aunque no los reclame de igual modo toda la ciudadanía del Mundo, estos "derechos" se complementan cada vez más con la promoción de condiciones para el aprovechamiento productivo, tomando medidas para evitar la inestabilidad macroeconómica, la pérdida de valor de la propia moneda y facilitando el crecimiento muy moderado de los macro y micro precios (asumiendo que su reducción puede ser tan perjudicial como la agresividad de su incremento), estimulando la innovación y la productividad, con miras a facilitar la inversión y generar empleo.

Cuando una revolución, en su magra intención de sustituir el capitalismo, da por hechos estos referentes fundamentales y, para complemento, evalúa como estratégico cualquier sector y área de producción ajeno a estas áreas fundamentales de mandato (la existencia de grandes hoteles, los fincas, industrias de alimentos, de maquinarias, de servicios petroleros, de telefonía, de tubos, de envases, bancos, compañías de seguros, supermercados, compañías de transporte, por citar algunos ejemplos de la acción estatizadora reciente del régimen chavista venezolano) y se decide a invertir grandes recursos públicos (es decir, de la ciudadanía; un sólo banco estatizado le costó a los venezolanos casi mil millones de dólares) para comprar unidades productivas en estos sectores, en algunos casos para competir con privados, en otros para sustituir completamente la producción privada por producción estatal, se enfrentan inmediatamente después de este acto general de dispendiosa locura al reto de invertir ingentes recursos adicionales para sostener el perfil competitivo de estos negocios, rara vez para incrementarlo (aunque sea la rutina publicitaria gubernamental decirnos que ahora si se incrementó la productividad y las empresas funcionan, porque sabemos que muchas de las unidades intervenidas ni siquiera han logrado reabrir sus puertas luego del trauma de la intervención) para mantenimiento y renovación de sus infraestructuras, tecnologías, calidad de sus servicios, beneficios al personal, etcétera. Todo esto compitiendo con las necesidades de seguridad, justicia, salud, educación, servicios públicos en las ciudades, grandes infraestructuras del país...Y esto sin considerar el hecho, evidente, del estancamiento, cuando no retroceso en la calidad de estos servicios públicos fundamentales, anclados en servilismo político, sin control alguno de productividad y calidad, sin enfocarse en el ciudadano, pidiendo cada vez más papeles y activando proceso inútiles para el progreso de los gestores y la corrupción, en medio de una situación general de alta inflación (de las más altas del Mundo) desabastecimiento por ineficaces controles de precios y desestímulos a la producción.

El estado se consolida en los países desarrollados como un gran conglomerado inteligente y flexible de organizaciones especializadas de servicios, con una relación cada vez más íntima con los ciudadanos, con un agresivo sistema de descentralización de la gestión pública y centralización del control y la coordinación, con más tecnologías y experticias para servicios más ágiles y potentes.

Aquí vivimos sin innovación en lo público, sin estado efectivo (enfermo, esclerótico, drogado, atrofiado y delirante) armando una supuesta revolución que poco es lo que construye y mucho lo que perversamente privatiza (del presente y del futuro), en aras de una confusión añeja, que el estado (y su líder) son sinónimos de sociedad y su pueblo.

Gobierno, prioridades y propuestas

En ocasiones es normal que se susciten dudas sobre las prioridades a la hora de abordar procesos de "reconstrucción" o "emergencia para salir de la crisis" o cualquier otro término que se utilice para definir el accionar de un gobierno que pretenda reconducir al país (incluyendo los planteamientos que podrían hacerse los propios agentes del actual gobierno). Prioridades, porque pareciera que las discusiones políticas en Venezuela (renovadas recientemente por la presencia de oposición en la Asamblea Nacional, lo que hace a muchos pensar que por lo visto si somos un país normal y simplemente hay dos opciones políticas legítimamente enfrentadas por el apoyo de los ciudadanos) nuevamente abordan el asunto de las políticas públicas como pivotes básicos de la operación de gobierno, como si en el fondo tuviésemos un gobierno.

Pero la prioridad, aunque duela asumirlo, es dotarse de un gobierno. No digo cambiar representantes, que ya es retante dado el nivel de egolatría y control socio institucional que ha desarrollado la autocracia chavista. No. Si cambiamos de actores, si la oposición llega al gobierno, no cabe esperar cambio alguno, entre otras cosas porque no habría modo que permitiese a un nuevo gobernante ejercer su función sin el caos provocado por las instituciones (la Asamblea Nacional, el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y, cada vez más intensa y frecuentemente, la Fuerza Armada Nacional...) que se reconocen abiertamente promovidas y garantes de una supuesta revolución. Pero, aún más greve, porque los principales aspectos que permiten a la oposición reconocerse como alternativa, se parecen mucho aún a una nueva propuesta de repartición rentista más justa, la base fundadora del fracaso.

El asunto de dotarse de un gobierno en Venezuela pasa por repensar las funciones del Estado y facilitar las acciones de reforma que le permitan acceder al liderazgo y el control necesarios para re-imponer la gobernabilidad. En la ilusión romántica de Chávez, él es el único garante de la gobernabilidad, porque sólo él garantiza representación de las mayorías desposeídas. El problema es que Chávez no tenía la menor idea de qué era gobernar y en su interacción con el Monstruo, ha terminado cediendo la ambición de hacerlo (gobernar) por el simple privilegio de seguir en la grupa del Bicho. Ahora ni siquiera acepta el hecho de que sólo fundando pobreza se sustenta su régimen, porque jamás habrá prosperidad más allá de dos sueños, tres discursos y cuatro expropiaciones. Chávez crea pobreza para garantizar poder, aunque requiera manipular cada cierto tiempo los indicadores para obviar asuntos tan incómodos como el empleo (da lástima ver a un ministro de indicadores públicos decir que el desempleo en Venezuela es del 7 u 8 por ciento) la inflación, el producto, la inversión o la innovación, auténticos ejes de cualquier propuesta de soberanía. Pronto intentará convencernos de que es un gobernante convencional, que se puede formar la Comunidad Andina de Naciones y que Venezuela puede sembrar el petróleo, llegando así a los tobillos de cualquier líder cuartorrepublicano, incluyendo su álter ego socialdemócrata, CAP.

Se requiere una intervención urgente de los mecanismos que facilitan la violencia y la impunidad. Se necesita recobrar la capacidad policial para amedrentar, arrinconar y minimizar al delito, en vez de tolerarlo (y como parece cada vez más evidente, co-organizarlo). Tenemos que promover el funcionamiento eficaz de un pequeño conjunto de servicios públicos fundamentales, especialmente en las grandes ciudades que albergan el 70% de la población del país, para que dejemos de cultivar desciudadanización y delincuencia.

Venezuela necesita un gran acuerdo nacional y, no cabe duda, la orientación de ese acuerdo no puede ser una lejana (y caduca) propuesta de socialismo rentista. Pero tampoco podemos asumir que no ha pasado nada, que es sólo un asunto de armar un nuevo gobierno (equipo humano) de gente que si va a saber qué hacer (empezando por el manto de duda que, legítimamente, ocupará a un importante contingente de población, con respecto al riesgo de que se trate de un regreso al pasado, al aislamiento social, al maniqueísmo bicolor que fue sustituido por el maniqueísmo rojo).

Aún no entiendo bien el motivo que nos impide dedicar más tiempo, ahora, a preparar el país para el futuro. Nuestro cortoplacismo está instalado de tal modo en todos los sectores y niveles (empresariales, políticos, sociales, comunitarios, académicos, personales) que cualquier propuesta dirigida a promover las discusiones trascendentes (entre las élites que pueden darla) lleva al descreimiento y la apatía. Pareciera que también se ha instalado la peligrosa creencia que, para ser exitosos como país, es conveniente el liderazgo político emergente, si, pero con la premisa que este liderazgo impulse la visión de atención social parasitaria y utilitaria que ha privado en el tratamiento de la crisis estructural que nos embarga.

El problema en Venezuela no es nada más un asunto de vivienda y servicios públicos (como doce años después, pareciera comenzar a comprender un Chávez que, sólo cerca de un proceso electoral, se decide a medio dirigir su mal llamado gobierno). El problema en Venezuela es que el armazón socio institucional, organizacional, económico y relacional que llamamos Gobierno, tiene su propia dinámica de dirección y, sea cual sea su ruta, está al servicio sólo de sí mismo, de su capacidad de capturar renta y privatizarla agresivamente a favor de sus administradores y cercanos.

Por eso la prioridad no es un asunto nada más de políticas públicas. La principal política pública que ha de surgir (del seno de los partidos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas y los particulares) es facilitar la transición del Monstruo hacia un régimen de no agresión, sin ceder grandes cuotas a las tentaciones obvias del ejercicio de mando, sólo fuente de quebranto para esta necesaria alianza nacional.

La propuesta no puede ser salir de Chávez, que por más urgente, resulta ingenuo. La propuesta tendrá que considerar inevitablemente al chavismo, a cualquiera que aún crea que nuestro problema es el capitalismo o cosas por el estilo, porque si queremos que el capitalismo nos ayude a desarrollarnos, no sólo tenemos que desearlo claramente, tenemos que ser el mayor y más coherene cuerpo social de inteligencia coordinada que usa al Estado para promover el orden, los servicios y las conductas deseables de los ciudadanos (labor, integración gradual, emprendimiento, justicia y paz).

La propuesta no sólo debe romper el falso régimen legal de igualitarismos forzados a partir de la repartición parcial de renta (parcial porque sabemos a donde va la mayor parte). La propuesta debe incluir a la gente en un compromiso masivo de "despertar", en un acuerdo que facilite el sacrificio generacional para que nuestros nietos vivan en un país seguro y con mayores oportunidades para la prosperidad, innovación e integración económica, social y cultural de todos.