Efectividad, innovación, estado y revolución

El estado-nación tiene responsabilidades que han venido consolidándose desde su surgimiento a finales de la edad media. El tránsito inicial de estos compromisos durante el absolutismo dejaba pocos espacios para una relación desde el gobernante al gobernado y sólo el primero podía hacer uso y abuso de su poder casi sin ningún límite. Sin embargo, prosperaba gradualmente la idea de que todo rey, por más absoluto y divino que fuera, debía promover los mecanismos para que su pueblo considerase justificado su accionar, para aceptar su vasallaje. Debía demostrar algún tipo de criterio moral para la administración de justicia, de tal modo que sus actos discrecionales e injustos se compensaran para que la sociedad justificara su dependencia política y emocional, aunque también se utilizase para ello la violencia.

Luego de la revolución francesa, este concepto se haría más patente al crecer el concepto de pueblo como ente orgánico capaz de asumir operaciones concretas, inclusive la de juzgar y condenar al rey, bajo la justificación de un conjunto de principios y valores de orden natural o surgidos a través de alguna forma de liberación mental de las mayorías. Más adelante la revolución industrial impulsaría las transformaciones en el mercantilismo y, con éstas, los cambios políticos que permitirían el avance de las democracias occidentales y el progresivo desarrollo de derechos para la gente a partir de las funciones del estado, incluyendo los vinculados con la salud y la enfermedad, los de género, los derivados de la relación de trabajo, los de minorías, etcétera. Tampoco este proceso estuvo desprovisto de violencia.

El estado se perfecciona en el cumplimiento de ciertos servicios y sufre pruebas de fuego para construir un sistema impositivo más agresivo y progresivo (en su capacidad de recibir de cada vez más contribuyentes y más proporción de sus rentas) en favor de bienes y servicios que cobran trascendencia para la sociedad más allá de la seguridad y la justicia, por ejemplo, la educación masiva. Hace apenas dos siglos imaginar en cualquier lugar del planeta que el estado tendría responsabilidades para la educación básica de las grandes mayorías podía resultar casi un mal chiste, una sandez.

Aunque se trata de un desarrollo muy reciente (contemporáneo al capitalismo) de la economía de excedentes que domina la humanidad desde el neolítico, su impacto cultural es enorme y la mayoría de los habitantes del planeta consideran razonable que el estado les garantice (o al menos tenga la intención de hacerlo) seguridad externa e interna, acceso más o menos igualitario a la justicia, remedios generales para los quebrantos de salud y promoción de sus actitudes sociales y aptitudes productivas a través de algún sistema de educación. También se asume que el estado se encarga de las más exigentes infraestructuras y de la regulación de los mercados allá donde la concurrencia libre y competente no parezca la norma general para la construcción de oferta (asumiendo incluso funciones concretas para enfrentar los monopolios). Aunque no los reclame de igual modo toda la ciudadanía del Mundo, estos "derechos" se complementan cada vez más con la promoción de condiciones para el aprovechamiento productivo, tomando medidas para evitar la inestabilidad macroeconómica, la pérdida de valor de la propia moneda y facilitando el crecimiento muy moderado de los macro y micro precios (asumiendo que su reducción puede ser tan perjudicial como la agresividad de su incremento), estimulando la innovación y la productividad, con miras a facilitar la inversión y generar empleo.

Cuando una revolución, en su magra intención de sustituir el capitalismo, da por hechos estos referentes fundamentales y, para complemento, evalúa como estratégico cualquier sector y área de producción ajeno a estas áreas fundamentales de mandato (la existencia de grandes hoteles, los fincas, industrias de alimentos, de maquinarias, de servicios petroleros, de telefonía, de tubos, de envases, bancos, compañías de seguros, supermercados, compañías de transporte, por citar algunos ejemplos de la acción estatizadora reciente del régimen chavista venezolano) y se decide a invertir grandes recursos públicos (es decir, de la ciudadanía; un sólo banco estatizado le costó a los venezolanos casi mil millones de dólares) para comprar unidades productivas en estos sectores, en algunos casos para competir con privados, en otros para sustituir completamente la producción privada por producción estatal, se enfrentan inmediatamente después de este acto general de dispendiosa locura al reto de invertir ingentes recursos adicionales para sostener el perfil competitivo de estos negocios, rara vez para incrementarlo (aunque sea la rutina publicitaria gubernamental decirnos que ahora si se incrementó la productividad y las empresas funcionan, porque sabemos que muchas de las unidades intervenidas ni siquiera han logrado reabrir sus puertas luego del trauma de la intervención) para mantenimiento y renovación de sus infraestructuras, tecnologías, calidad de sus servicios, beneficios al personal, etcétera. Todo esto compitiendo con las necesidades de seguridad, justicia, salud, educación, servicios públicos en las ciudades, grandes infraestructuras del país...Y esto sin considerar el hecho, evidente, del estancamiento, cuando no retroceso en la calidad de estos servicios públicos fundamentales, anclados en servilismo político, sin control alguno de productividad y calidad, sin enfocarse en el ciudadano, pidiendo cada vez más papeles y activando proceso inútiles para el progreso de los gestores y la corrupción, en medio de una situación general de alta inflación (de las más altas del Mundo) desabastecimiento por ineficaces controles de precios y desestímulos a la producción.

El estado se consolida en los países desarrollados como un gran conglomerado inteligente y flexible de organizaciones especializadas de servicios, con una relación cada vez más íntima con los ciudadanos, con un agresivo sistema de descentralización de la gestión pública y centralización del control y la coordinación, con más tecnologías y experticias para servicios más ágiles y potentes.

Aquí vivimos sin innovación en lo público, sin estado efectivo (enfermo, esclerótico, drogado, atrofiado y delirante) armando una supuesta revolución que poco es lo que construye y mucho lo que perversamente privatiza (del presente y del futuro), en aras de una confusión añeja, que el estado (y su líder) son sinónimos de sociedad y su pueblo.