Teodoro Petkoff estuvo hace algunas semanas en Maracaibo, inaugurando el ciclo de Foros Democracia Siglo XXI, organizado por diversos actores públicos y privados de la región. Subió al estrado y comenzó aclarando el uso de un bastón, que lo acompaña desde hace algunos meses tras su cambio de rodilla “tengo una rodilla cero kilómetros…” nos dijo. Su edad, su bastón y su amplia experiencia acumulada contrastan con el tono vital de su voz, de ribetes pretorianos.
Con la energía de esa voz nos paseó a los oyentes por el panorama de la izquierda latinoamericana y su argumentó desembocó en la diferencia de la gran parte de estos movimientos, hoy en el poder o próximo a acceder a él en casi toda la geografía continental y caribeña, con respecto a los regímenes cubano y venezolano, la otra izquierda, la involutiva, la equivocada. El contraste principal fue establecido en la vocación democrática de los primeros y marcado talante represivo, militarista y antimoderno de los segundos.
Muchos pueden o no estar de acuerdo con esta clasificación. Sin embargo, no deja de resultar triste, desde mi humilde posición, que una persona tan inteligente, graduado con honores como economista, con amplia experiencia y experticia en el análisis político, no haya estirado el ámbito de su mirada más allá de la izquierda. Porque el nivel de los errores cometidos, el vacío de propuestas, las desestabilizaciones económicas vinculadas a ejercicios socialistas y populistas, merecen una autocrítica algo más profunda por parte de aquellos que se auto postulan de izquierda.
Teodoro pareciera partir de la premisa que la izquierda es buena y hay una izquierda ciertamente “fiel a sus principios” y otra desviada…Yo fui formado en un hogar con profundas convicciones de izquierda y seguro estoy que mi Viejo morirá creyendo en ellas, pero escuchando a Teodoro me pregunto ¿Por qué es buena la izquierda? Si sus principios tienen como centro ideas socialistas, entonces ¿Todos los liberales somos de derecha? Si postulo las ventajas del individualismo como base central de la construcción social, las bondades del mercado y un Estado que promueva la protección de los derechos individuales, sin vínculos con la iglesia, contribuyendo a la modernización, el conocimiento, la conversión agresiva de las masas desposeídas en nuevos emprendedores ¿soy de derechas?
Si promuevo una sociedad que domine al Estado y no a la inversa, una sociedad en la que la que no sólo las empresas, sin también los servicios de educación y de medicina ambulatoria sean provistos por privados y los más necesitados accedan libremente a estos servicios con subsidios sobre la demanda, no sobre la oferta; una sociedad donde el acceso a la riqueza no se mida por el color de mi cachucha ni mi éxito dependa de discursos de amor para los pobres, entonces ¿soy de derechas?
Es mi opinión que la diferencia de izquierda y derecha es cada día más anacrónica y antimoderna. ¿Es Tony Blair y el Partido Laboralista británico de izquierdas? ¿Y los demócratas norteamericanos? ¿Qué es la izquierda? Las diferencias de programa económico de PP y PSOE en las pasadas elecciones en España eran mínimas, centradas en el financiamiento y cobertura de la seguridad social. Las discusiones se centraban en la participación en la guerra del Golfo, el derecho de los homosexuales al matrimonio y la adopción, la reforma constitucional para reformar el régimen de nacionalidades en España y otros temas que poco o nada tienen que ver con reglas sistémicas entre capitalismo y socialismo.
Me defino como liberal y progresista. Neoliberalismo y monetarismo son desviaciones tan execrables como el populismo y el socialismo. Igualdad y justicia son contradictorias, per sé. En estos días estaba dando clases en un diplomado y un amigo, de tradición ideológica socialcristiana, me dijo que ser progresista denota mala cosa, se vinculaba con la izquierda. Me hizo algo de gracia. Tras la experiencia chavista, costará en Venezuela hablar de progreso sin ser mal visto, costará hablar de redistribución más justa de la riqueza sin ser tachado de castrista. Yo creo en el progreso como mandato de la modernidad. Creo en la tolerancia y en la amplitud, incluso para ofrecer la idea del progreso a los que no la desean, a los que creen que nacemos con estructuras sociales que no deben ser modificadas o a los que piensan que su cosmogonía debe ser impuesta.
No estoy tocando otros temas que son de vital importancia para la redefinición ideológica del continente americano. Temas como la raigambre cultural de las propuestas ideológicas en América Latina y el Caribe, porque se requieren grandes dosis de liderazgo para impulsar los futuros deseables y la modernidad no es aquí bien vista, sufrimos de resistencia popular a la modernidad. Habrá que discutir hasta donde las propuestas deben ser tamizadas por la viabilidad que permita nuestra cultura.
Me gustaría escuchar a Teodoro hablando de las opciones políticas para América Latina más allá de su tradicional izquierda. Si aún se pretende vivir ideológicamente de la oposición a las dictaduras radicales, del nacionalismo, el anti imperialismo y otros argumentos semejantes, no hay diferencias entre ambas izquierdas. Si hay algo más ¿qué es? En su libro no lo dice ¿Qué será? ¿La suma de las partes? ¿Licuadora de Lula con Tabare y gotas de Lagos? ¿Cuál es el planteamiento ideológico de la moderna izquierda latinoamericana? ¿Seguirá la izquierda haciendo ideología reivindicativa a partir de conceptos como explotación, igualdad o justicia? ¿Será que alguien nombra la justicia pensando lo mismo que el que le escucha? ¿Será que es coherente pensar que la igualdad resulta deseable y justa? El abismo ideológico de la izquierda latinoamericana continúa siendo su mayor reto.
Sólo abriendo con amplitud el abanico de opciones y discusiones, podremos comenzar a transitar cambios relevantes en el panorama latinoamericano, que proyecten a la región como un espacio conjunto con voz y voto en el escenario mundial, contribuyendo de manera trascendente a la sustentabilidad del desarrollo en el planeta.
En Venezuela, además, tenemos el problema de nuestro monstruo. Nuestro monstruo no es Chávez. Él es apenas su último espadachín, su último instrumento de opresión y miseria. Le dimos la riqueza al Estado y hace tiempo que se divorció de la sociedad. Si un líder en Venezuela quiere gobernar debe, entre otras cosas, pararse frente al monstruo y decirle las palabras mágicas: - ¡Quiero hacer justicia! y ¿Cómo? Responderá el monstruo. ¡Redistribuyendo!, habrá que decirle. ¡Dándole al que no tiene lo que se merece, que es todo, por ser pobre y venezolano!. Y el monstruo responderá Adelante. Pero si lo que dices es ¡Vengo a cambiarte, a sacar tus succionadores de nuestras venas, a quitarte el poder que tienes para regresarte a tu función de apoyo! El monstruo te mirará con ironía y tal vez llegue a pensar dejarte subir a su grupa sólo por demostrarte que ese plan es inviable, pero no lo hará, porque es un riesgo innecesario habiendo tanto líder empeñado en cabalgarlo para potenciar su reinado.
jueves, 30 de noviembre de 2006
El capitalismo chavista
Una de las desventajas de las estancias largas de gobiernos malos en el poder es que dejan, gradualmente, espacios menores para las dudas. Al principio cambian indicadores, después crean otros, vuelven a usar los primeros, que ya han sido “arreglados”, ahora bajo complejos métodos y costosas máquinas procesadoras... Se controlan o eliminan las amenazas, se compran conciencias, pero no es fácil tapar la mancha…Las percepciones de la realidad tienden a alinearse en el largo plazo y se incrementan las resistencias para evadir las asperezas cotidianas de la pobreza, para vivir sólo de emociones.
Venezuela está avanzando de manera acelerada en la destrucción de las instituciones y dinámicas de funcionamiento del capitalismo moderno, muchas de ellas subdesarrolladas, otras marchitas antes de ser aplicadas, unas pocas envidiables a los ojos de nuestros vecinos. Se trata de un conjunto de reglas y modos de hacer sociedad que nos metieron de lleno en el siglo XX, pero que nunca pudieron completar su desenvolvimiento operativo, debido a la presión estatista ejercida desde su mismo surgimiento y, posteriormente, debido a su utilización rentista y populista durante las últimas décadas de ese mismo siglo.
Ésta es la verdadera característica dominante de nuestro pasado, de nuestro presente y, posiblemente, de nuestro futuro: estatismo, rentismo y populismo, aderezado, eventualmente, con importantes dosis de caudillismo y militarismo. Que se culpe al capitalismo y al neo liberalismo de nuestros males no deja de ser, simplemente, un mal chiste.
Esta destrucción, viene acompañada de propuestas revolucionarias. Se presupone la maldad de la actividad mercantil y se propicia la cooperativa como forma alternativa. Se presupone la maldad del monopolio y el latifundio y se propicia el fraccionamiento patrimonial, el conuquero y el artesano. Queremos ser nuevos, autónomos, autárquicos ¿libres?.
Las propuestas revolucionarias vienen a trastocar, en realidad, relaciones de producción e instituciones reguladoras que pretendían promover ciertos equilibrios en la sociedad. Si no resultaron más exitosas en su función fue porque el Estado no supo o no pudo hacerlo, porque el Estado se debilitó en su borrachera de recursos y se olvidó de regular adecuadamente el mercado, se olvidó de la defensa de los derechos individuales y de promover una sana administración de justicia.
El Estado venezolano vendió esa protección a cambio de su propio y clientelar sustento. Cargado hoy de discurso anticapitalista, sin embargo ofrece en el mercado negro desde el espacio de las aceras en las calles de nuestras ciudades, hasta los más “jugosos” campos petroleros y mineros. Los gobiernos, incluido éste, no han sabido manejar el Estado para defender los intereses básicos de la ciudadanía y la nación.
Todas las sociedades latinoamericanas tienen liderazgos socialistas y/o populistas, algunas ya en el ejercicio de gobierno. Pero el populismo que le mete mano al bolsillo de sus ciudadanos para tomar cada céntimo que usa para financiar sus locuras, se refina, aunque suele terminar igual en pesadillas de hiperinflación y caos institucional. El socialismo que necesita industrias y comercios que generen empleos y tributos, se modera, se flexibiliza o no dura. Hasta Fidel usa la explotación capitalista de sus recursos para financiar su sistema comunista de administración de la pobreza.
El chavismo es diferente. No necesita refinarse. No conoce de eficiencias. Cree de verdad que es sustentable, porque se está chupando el esfuerzo mundial monetizado en forma de renta y, como sociedad, hemos perdido la conciencia de quien financia nuestro monstruo. Chávez anuncia el fin del capitalismo en Venezuela, pero para vender nuestro petróleo, seguirá usando una de las prácticas más execrables de ese capitalismo, como lo es la cartelización de un mercado para manipular los precios y seguir vendiendo el producto a diez o quince veces su costo. De ello se benefician, además, las transnacionales petroleras, no los pueblos pobres, que sufren severas restricciones por estos precios de la energía, vital para su desarrollo.
Por otro lado, el cooperativismo es la herramienta con la que los nuevos empresarios revolucionarios (y otros viejos empresarios también) comienzan rápidamente a evadir y sustituir las relaciones de trabajo. Las nuevas relaciones dejan de estar protegidas por la institucionalidad de la LOT. Esa ley es muy larga, de marcado carácter intervencionista, seguro viene empeorada en sus nuevas reformas, no promueve el empleo, pero también hay que reconocer que incluye los elementos básicos de la institucionalidad moderna para la relación entre capital y trabajo (la protección del débil jurídico, el derecho de asociación del trabajador, el horario, las vacaciones, las condiciones del medio ambiente, etc).
Al obviar la LOT, el trabajador formal, ese espécimen cada vez más escaso en Venezuela, no puede esperar nada más que precarización y desprotección. Obviamente, si Chávez no quiere capitalismo criollo (el transnacional le molesta menos y lo necesita más) no hace falta la protección de los empleos formales. Muchos juristas venezolanos que hicieron aportes sustantivos al desarrollo de ese régimen legal son ahora “halcones” de este régimen y hacen caso omiso de las amenazas que sobre el trabajador y su familia se están incorporando en las nuevas instituciones promovidas por el chavismo. Y los sindicatos no hacen pío o ya nadie les escucha.
Chávez se está quedando con lo peor de cada sistema. La capacidad de los gobiernos de decidir discrecionalmente cómo debe funcionar la sociedad y el mundo es cada vez más pequeña. Aún los gobiernos más fuertes del planeta (USA, Europa, Japón, Rusia o China) son débiles en su capacidad de influir decisivamente sobre sus sociedades y lo intentan con instrumentos cada vez más complejos, mejor estudiados, evitando la ambición de sustituir la sociedad con la acción del Estado. Cada día hay más especialistas en mercadeo de políticas públicas y cada vez es más común ver al ciudadano como un cliente, independientemente de su capacidad de pago, pero con los privilegios que ser cliente te da en una relación donde se ofrecen servicios de forma competitiva. En general, si no bajan los pies a tierra y se deciden a servir sin oprimir, los gobiernos son sustituidos, por métodos pacíficos o violentos.
En Venezuela avanzamos hacia el pre capitalismo, hacia los mercados sin Estado, coexistiendo con una sociedad formal a imagen y semejanza de un Estado sectario. Y desean exportar el modelo. No deja de causar risa. ¿Qué modelo exportaríamos? ¿Dele usted a su pueblo servicios y comida gratis para todos desde el Estado? ¿Listas de pagos revolucionarias? ¿Viviría y prosperaría este régimen durante siete años a diez dólares el barril? De lo que hemos perdido, lo que más se extraña es la vergüenza.
Venezuela está avanzando de manera acelerada en la destrucción de las instituciones y dinámicas de funcionamiento del capitalismo moderno, muchas de ellas subdesarrolladas, otras marchitas antes de ser aplicadas, unas pocas envidiables a los ojos de nuestros vecinos. Se trata de un conjunto de reglas y modos de hacer sociedad que nos metieron de lleno en el siglo XX, pero que nunca pudieron completar su desenvolvimiento operativo, debido a la presión estatista ejercida desde su mismo surgimiento y, posteriormente, debido a su utilización rentista y populista durante las últimas décadas de ese mismo siglo.
Ésta es la verdadera característica dominante de nuestro pasado, de nuestro presente y, posiblemente, de nuestro futuro: estatismo, rentismo y populismo, aderezado, eventualmente, con importantes dosis de caudillismo y militarismo. Que se culpe al capitalismo y al neo liberalismo de nuestros males no deja de ser, simplemente, un mal chiste.
Esta destrucción, viene acompañada de propuestas revolucionarias. Se presupone la maldad de la actividad mercantil y se propicia la cooperativa como forma alternativa. Se presupone la maldad del monopolio y el latifundio y se propicia el fraccionamiento patrimonial, el conuquero y el artesano. Queremos ser nuevos, autónomos, autárquicos ¿libres?.
Las propuestas revolucionarias vienen a trastocar, en realidad, relaciones de producción e instituciones reguladoras que pretendían promover ciertos equilibrios en la sociedad. Si no resultaron más exitosas en su función fue porque el Estado no supo o no pudo hacerlo, porque el Estado se debilitó en su borrachera de recursos y se olvidó de regular adecuadamente el mercado, se olvidó de la defensa de los derechos individuales y de promover una sana administración de justicia.
El Estado venezolano vendió esa protección a cambio de su propio y clientelar sustento. Cargado hoy de discurso anticapitalista, sin embargo ofrece en el mercado negro desde el espacio de las aceras en las calles de nuestras ciudades, hasta los más “jugosos” campos petroleros y mineros. Los gobiernos, incluido éste, no han sabido manejar el Estado para defender los intereses básicos de la ciudadanía y la nación.
Todas las sociedades latinoamericanas tienen liderazgos socialistas y/o populistas, algunas ya en el ejercicio de gobierno. Pero el populismo que le mete mano al bolsillo de sus ciudadanos para tomar cada céntimo que usa para financiar sus locuras, se refina, aunque suele terminar igual en pesadillas de hiperinflación y caos institucional. El socialismo que necesita industrias y comercios que generen empleos y tributos, se modera, se flexibiliza o no dura. Hasta Fidel usa la explotación capitalista de sus recursos para financiar su sistema comunista de administración de la pobreza.
El chavismo es diferente. No necesita refinarse. No conoce de eficiencias. Cree de verdad que es sustentable, porque se está chupando el esfuerzo mundial monetizado en forma de renta y, como sociedad, hemos perdido la conciencia de quien financia nuestro monstruo. Chávez anuncia el fin del capitalismo en Venezuela, pero para vender nuestro petróleo, seguirá usando una de las prácticas más execrables de ese capitalismo, como lo es la cartelización de un mercado para manipular los precios y seguir vendiendo el producto a diez o quince veces su costo. De ello se benefician, además, las transnacionales petroleras, no los pueblos pobres, que sufren severas restricciones por estos precios de la energía, vital para su desarrollo.
Por otro lado, el cooperativismo es la herramienta con la que los nuevos empresarios revolucionarios (y otros viejos empresarios también) comienzan rápidamente a evadir y sustituir las relaciones de trabajo. Las nuevas relaciones dejan de estar protegidas por la institucionalidad de la LOT. Esa ley es muy larga, de marcado carácter intervencionista, seguro viene empeorada en sus nuevas reformas, no promueve el empleo, pero también hay que reconocer que incluye los elementos básicos de la institucionalidad moderna para la relación entre capital y trabajo (la protección del débil jurídico, el derecho de asociación del trabajador, el horario, las vacaciones, las condiciones del medio ambiente, etc).
Al obviar la LOT, el trabajador formal, ese espécimen cada vez más escaso en Venezuela, no puede esperar nada más que precarización y desprotección. Obviamente, si Chávez no quiere capitalismo criollo (el transnacional le molesta menos y lo necesita más) no hace falta la protección de los empleos formales. Muchos juristas venezolanos que hicieron aportes sustantivos al desarrollo de ese régimen legal son ahora “halcones” de este régimen y hacen caso omiso de las amenazas que sobre el trabajador y su familia se están incorporando en las nuevas instituciones promovidas por el chavismo. Y los sindicatos no hacen pío o ya nadie les escucha.
Chávez se está quedando con lo peor de cada sistema. La capacidad de los gobiernos de decidir discrecionalmente cómo debe funcionar la sociedad y el mundo es cada vez más pequeña. Aún los gobiernos más fuertes del planeta (USA, Europa, Japón, Rusia o China) son débiles en su capacidad de influir decisivamente sobre sus sociedades y lo intentan con instrumentos cada vez más complejos, mejor estudiados, evitando la ambición de sustituir la sociedad con la acción del Estado. Cada día hay más especialistas en mercadeo de políticas públicas y cada vez es más común ver al ciudadano como un cliente, independientemente de su capacidad de pago, pero con los privilegios que ser cliente te da en una relación donde se ofrecen servicios de forma competitiva. En general, si no bajan los pies a tierra y se deciden a servir sin oprimir, los gobiernos son sustituidos, por métodos pacíficos o violentos.
En Venezuela avanzamos hacia el pre capitalismo, hacia los mercados sin Estado, coexistiendo con una sociedad formal a imagen y semejanza de un Estado sectario. Y desean exportar el modelo. No deja de causar risa. ¿Qué modelo exportaríamos? ¿Dele usted a su pueblo servicios y comida gratis para todos desde el Estado? ¿Listas de pagos revolucionarias? ¿Viviría y prosperaría este régimen durante siete años a diez dólares el barril? De lo que hemos perdido, lo que más se extraña es la vergüenza.
Moral republicana, reforma del Estado y reservas excedentarias
No creo que valga la pena entrar en la discusión sobre el asunto de las reservas excedentarias y sobre si éstas violan o no principios elementales de la llamada “ortodoxia económica”. Menos aún quiero evaluar si dicha ortodoxia realmente existe, si debe o no ser defendida por aquellos que han asistido a cursos superiores de economía ni tampoco si dicha defensa represente un posicionamiento ideológico determinado (por ejemplo “ultraconservador” como he llegado a escuchar).
Lo cierto es que empezamos a conocer el supuesto uso que se le daría a estos supuestos excedentes. La idea central se ha venido concretando en proyectos de reformas legales que facilitarían el acceso al ejecutivo a ingresos directos en divisas, antes de su transformación en moneda nacional. Con dicha disponibilidad (no contemplada en ley de presupuesto) el gobierno adquiriría equipos para Barrio Adentro, maquinarias para la reactivación industrial y disminuiría el saldo de la deuda del Estado.
No queda completamente claro qué tipo de control se ejercería sobre dichos recursos o cuál sería el organismo del Estado que definiría el origen preciso de dichos ingresos (de algún modo, la contabilidad del BCV unida a la del SENIAT obligaban a “cuadrar” las cuentas públicas en Venezuela frente a los ojos de cualquier analista). Al MPD se le asignaría la función de proponer los proyectos que habrían de servir de ejecución para los fondos y no sabemos si tarde o temprano se consolidarían dichos proyectos en el presupuesto ni con cual metodología, puesto que no se trata de un fondo presupuestario, no al menos hasta tanto no haya proyectos programados en ejecución por US $ 5 mil millones, aprobados por MPD. Se trata de un fondo financiero, algo así como una caja chica de US $ 5 mil millones o más, residente en el BCV pero fuera de sus cuentas. No cabe duda que el instrumento legal que el MPD utilice para ejecutar los fondos se constituiría en un presupuesto paralelo. No sabemos si bajo el rigor de la legislación actual sobre presupuestos del Estado. Ya veremos.
Prefiero tocar el tópico del “por qué” este gobierno se empeña en abrir una nueva vía para la disposición de recursos que cabrían ser utilizados bajo los esquemas convencionales de las leyes de presupuesto. Uno de los argumentos esgrimidos hace referencia a la rigidez del gasto fiscal venezolano, a las dificultades del gobierno para “lograr” los objetivos esperados a través de la estructura burocrática tradicional. Mediante el artificio de utilizar estos ingresos antes de su ingreso a los sistemas tradicionales de ejecución y gasto, pareciera resolverse este dilema. El segundo argumento hace referencia a las enormes necesidades de inversión que tiene el país para lograr la senda del crecimiento económico sostenido y pareciera que ahora, con la inversión derivada del uso de estas reservas, el impulso estaría garantizado.
Esto no deja de reflejar con claridad las terribles contradicciones teórico prácticas de este régimen. Hace creer al común de nacionales e internacionales que en Venezuela se desarrolla una transformación radical y humanista, que se rompen paradigmas en beneficio de las mayorías y que no hay institución del viejo régimen lo suficientemente sólida para resistir el nuevo embate revolucionario. Por otro lado, sometemos a extremas presiones los conceptos más elementales de una buena administración de hacienda pública y las teorías más modernas y progresistas sobre elementos propiciadores del crecimiento de largo plazo, todo por la incapacidad para abordar las reformas que flexibilicen el gasto, haciendo más eficaz y eficiente el aparato público venezolano y por la incapacidad para construir dinámicas verdaderamente “sistémicas” para el crecimiento económico, que se basen en la confianza y el espíritu emprendedor y no en la centralización y el estatismo.
¡Cómo queda atrás el sueño de un aparato estatal verdaderamente al servicio de la ciudadanía en Venezuela! Es mi teoría que al gobierno de Chávez, al igual que a los últimos cuatro gobiernos que le precedieron y, seguro, a los tres o cuatro que le sucedan, hay que evaluarlo simplemente por su capacidad para que el Estado venezolano esté verdaderamente al servicio del país y no al contrario. Juraría que es el principal dolor de cabeza de Chávez y no es extraño que así sea. Una buena parte de sus promesas se vinculaban con nociones elementales, profundamente ansiadas por los venezolanos, de eficacia (logro), eficiencia (frugalidad ejemplar) y transparencia (anticorrupción) de un estado que era sistemáticamente aprovechado y, en múltiples ocasiones, saqueado por los gobiernos de turno.
Durante años, al igual que ahora, los venezolanos llegamos a suponer que el cambio necesario vendría con la sustitución del comandante de la nave. Un nuevo piloto, que no dejara robar a destajo, sería la fuente de la riqueza que rozamos con nuestras manos y alguien nos quitó.
En la capacidad de poner orden interno e imponer una nueva moral a la administración de lo público ha sido Chávez un fracaso similar a los anteriores gobiernos. Diferente luce, aún, su energía y su capacidad para extender mucho más el tamaño de sus compromisos, a diferencia de las propuestas de gobernantes anteriores, que ya no se preocupaban de prometer redención social alguna ni la eliminación de nuestros principales flagelos. Todos nuestros anteriores gobernantes fueron populistas (la auténtica ideología dominante en nuestra historia reciente), pero Chávez lo es de una manera mucho más auténtica y natural. Sus promesas llegan cada vez más lejos y se agigantan aún más por el peso de las realidades, pero él sostiene el pulso para continuar haciéndolas creíbles, base sustantiva de cualquier populismo.
Tarde o temprano a cualquier líder se le pasa factura por la credibilidad de sus compromisos y, sabiéndolo, Chávez ha optado por la ruta alternativa del “gobierno paralelo”, como sistema para luchar contra el monstruo que creyó un día cabalgar con riendas bajo control. Él creía que ese monstruo era controlado por los oligarcas, por los adecos, por el mismísimo Belcebú en persona…Pero el único que controla realmente las riendas de ese monstruo es el mismo monstruo y feliz estuvo de recibir en su grupa al llanero altivo, de voz dramática, que prometía usar su fuerza para la nueva redistribución. Seguro se frotó las pezuñas de alegría y le lanzó su canto de sirena para invitarle a cabalgarlo.
El liderazgo que genere el exorcismo necesario no será aquel que venda nuevas redistribuciones, que de cualquier modo son necesarias, casi seguro imprescindibles para activar respuestas políticas mínimamente exitosas. El liderazgo transformador será aquel que ponga orden en el Estado venezolano, divorciado hace décadas de cualquier concepto de eficacia, eficiencia y transparencia; entrenado, fundamentalmente, en fagocitar la riqueza social (venga del trabajo de su gente o de la liquidación de sus bienes de fortuna) para provecho propio. No vale la pena ni siquiera averiguar cuales son los nombres y apellidos de los que finalmente se benefician, cuales son las cuentas suizas y americanas que crecen con los recursos mal habidos o cuales los cargos que se cobran sin trabajar, los directorios y comisiones que se remuneran sin resultado alguno, etc…Lo importante es que hay un sistema activo y dominante diseñado para que ello siga sucediendo.
¿Cómo podemos pretender los venezolanos alimentar un fondo de estabilización contracíclico, que disminuya el riesgo de hecatombe en caso de merma brusca del ingreso petrolero, si apenas logramos una mejor distribución presupuestaria entre gasto e inversión? ¿Qué dificultad habría en que se asignasen los fondos presupuestarios necesarios para comprar los equipos de diagnóstico de Barrio Adentro o las maquinarias necesarias para la reactivación industrial o la mayor amortización de deuda externa? No resulta doloroso afirmar que se requieren vías alternas a la ejecución del gasto cuando las vías tradicionales desangran el presupuesto. ¿Qué lo justifica? ¿La viabilidad política? El régimen que mayor apoyo popular ha tenido en la historia reciente ¿No tiene el guáramo necesario para reformar la administración pública, para poner en orden el reparto que se hace en su cara, con su vientre y con sus manos?
La cruzada pendiente en Venezuela, más allá de discusiones sobre si activamos una auténtica propuesta liberal o no (que nunca la hemos tenido y hace más de cincuenta años que no existe político que la proponga) consiste en denunciar la vagabundería, el pillaje y apoyar a cualquier gobierno (incluso éste) que decida romper con esta historia de tolerancia que envilece el alma de nuestro pueblo. Y no gobiernos que, como alternativa al desastre, activen un estado paralelo, donde supuestamente la moral brilla y la función pública lucirá impoluta. Nuevas universidades para contrarrestar el vicio decadente de las existentes. Nuevo MSAS para compensar que el actual ya no le llegaba como debiera a la gente. Misiones por doquier para el ejercicio elemental de populismo que no sale bien desde la multimillonaria estructura estatal, donde pululan ahora los nuevos ricos de Venezuela. Eso sin hablar del nuevo Estado creado para sustituir a instituciones privadas de la sociedad, que crea por doquier empresas y cámaras empresariales, bancos, líneas aéreas, sindicatos, ong´s, etcétera, al más puro estilo adeco de los cincuenta. El monstruo debe estar feliz. Podrido y feliz.
No hace falta usar los fusiles, existen mecanismos en el marco de la ley (que tampoco pareciera lo más importante en esta patria anarquizada) que permiten romper el ciclo perverso de la rapiña pública. Hay conocimiento y experiencias útiles sobre el asunto en el resto del mundo, también en Venezuela. Tendríamos entonces un gobierno teóricamente confuso, pragmáticamente mal orientado, incapaz de ahorrar en un fondo contracíclico en período de altos ingresos, incapaz de provocar confianza privada más allá de la inversión transnacional petrolera, pero mínimamente coherente en su vieja propuesta moral.
Tal vez todos los que desconfían de que este gobierno pueda aprender de sus errores y apuestan a su temprana sustitución, deberían alegrarse de que sea más de lo mismo, porque tal vez esté todavía en su rango de posibilidades cortarle las patas al monstruo, limitar al Estado, regalarle una verdaderamente nueva ciudadanía al venezolano y, si llegase a hacerlo, tendríamos régimen pa´ rato.
Lo cierto es que empezamos a conocer el supuesto uso que se le daría a estos supuestos excedentes. La idea central se ha venido concretando en proyectos de reformas legales que facilitarían el acceso al ejecutivo a ingresos directos en divisas, antes de su transformación en moneda nacional. Con dicha disponibilidad (no contemplada en ley de presupuesto) el gobierno adquiriría equipos para Barrio Adentro, maquinarias para la reactivación industrial y disminuiría el saldo de la deuda del Estado.
No queda completamente claro qué tipo de control se ejercería sobre dichos recursos o cuál sería el organismo del Estado que definiría el origen preciso de dichos ingresos (de algún modo, la contabilidad del BCV unida a la del SENIAT obligaban a “cuadrar” las cuentas públicas en Venezuela frente a los ojos de cualquier analista). Al MPD se le asignaría la función de proponer los proyectos que habrían de servir de ejecución para los fondos y no sabemos si tarde o temprano se consolidarían dichos proyectos en el presupuesto ni con cual metodología, puesto que no se trata de un fondo presupuestario, no al menos hasta tanto no haya proyectos programados en ejecución por US $ 5 mil millones, aprobados por MPD. Se trata de un fondo financiero, algo así como una caja chica de US $ 5 mil millones o más, residente en el BCV pero fuera de sus cuentas. No cabe duda que el instrumento legal que el MPD utilice para ejecutar los fondos se constituiría en un presupuesto paralelo. No sabemos si bajo el rigor de la legislación actual sobre presupuestos del Estado. Ya veremos.
Prefiero tocar el tópico del “por qué” este gobierno se empeña en abrir una nueva vía para la disposición de recursos que cabrían ser utilizados bajo los esquemas convencionales de las leyes de presupuesto. Uno de los argumentos esgrimidos hace referencia a la rigidez del gasto fiscal venezolano, a las dificultades del gobierno para “lograr” los objetivos esperados a través de la estructura burocrática tradicional. Mediante el artificio de utilizar estos ingresos antes de su ingreso a los sistemas tradicionales de ejecución y gasto, pareciera resolverse este dilema. El segundo argumento hace referencia a las enormes necesidades de inversión que tiene el país para lograr la senda del crecimiento económico sostenido y pareciera que ahora, con la inversión derivada del uso de estas reservas, el impulso estaría garantizado.
Esto no deja de reflejar con claridad las terribles contradicciones teórico prácticas de este régimen. Hace creer al común de nacionales e internacionales que en Venezuela se desarrolla una transformación radical y humanista, que se rompen paradigmas en beneficio de las mayorías y que no hay institución del viejo régimen lo suficientemente sólida para resistir el nuevo embate revolucionario. Por otro lado, sometemos a extremas presiones los conceptos más elementales de una buena administración de hacienda pública y las teorías más modernas y progresistas sobre elementos propiciadores del crecimiento de largo plazo, todo por la incapacidad para abordar las reformas que flexibilicen el gasto, haciendo más eficaz y eficiente el aparato público venezolano y por la incapacidad para construir dinámicas verdaderamente “sistémicas” para el crecimiento económico, que se basen en la confianza y el espíritu emprendedor y no en la centralización y el estatismo.
¡Cómo queda atrás el sueño de un aparato estatal verdaderamente al servicio de la ciudadanía en Venezuela! Es mi teoría que al gobierno de Chávez, al igual que a los últimos cuatro gobiernos que le precedieron y, seguro, a los tres o cuatro que le sucedan, hay que evaluarlo simplemente por su capacidad para que el Estado venezolano esté verdaderamente al servicio del país y no al contrario. Juraría que es el principal dolor de cabeza de Chávez y no es extraño que así sea. Una buena parte de sus promesas se vinculaban con nociones elementales, profundamente ansiadas por los venezolanos, de eficacia (logro), eficiencia (frugalidad ejemplar) y transparencia (anticorrupción) de un estado que era sistemáticamente aprovechado y, en múltiples ocasiones, saqueado por los gobiernos de turno.
Durante años, al igual que ahora, los venezolanos llegamos a suponer que el cambio necesario vendría con la sustitución del comandante de la nave. Un nuevo piloto, que no dejara robar a destajo, sería la fuente de la riqueza que rozamos con nuestras manos y alguien nos quitó.
En la capacidad de poner orden interno e imponer una nueva moral a la administración de lo público ha sido Chávez un fracaso similar a los anteriores gobiernos. Diferente luce, aún, su energía y su capacidad para extender mucho más el tamaño de sus compromisos, a diferencia de las propuestas de gobernantes anteriores, que ya no se preocupaban de prometer redención social alguna ni la eliminación de nuestros principales flagelos. Todos nuestros anteriores gobernantes fueron populistas (la auténtica ideología dominante en nuestra historia reciente), pero Chávez lo es de una manera mucho más auténtica y natural. Sus promesas llegan cada vez más lejos y se agigantan aún más por el peso de las realidades, pero él sostiene el pulso para continuar haciéndolas creíbles, base sustantiva de cualquier populismo.
Tarde o temprano a cualquier líder se le pasa factura por la credibilidad de sus compromisos y, sabiéndolo, Chávez ha optado por la ruta alternativa del “gobierno paralelo”, como sistema para luchar contra el monstruo que creyó un día cabalgar con riendas bajo control. Él creía que ese monstruo era controlado por los oligarcas, por los adecos, por el mismísimo Belcebú en persona…Pero el único que controla realmente las riendas de ese monstruo es el mismo monstruo y feliz estuvo de recibir en su grupa al llanero altivo, de voz dramática, que prometía usar su fuerza para la nueva redistribución. Seguro se frotó las pezuñas de alegría y le lanzó su canto de sirena para invitarle a cabalgarlo.
El liderazgo que genere el exorcismo necesario no será aquel que venda nuevas redistribuciones, que de cualquier modo son necesarias, casi seguro imprescindibles para activar respuestas políticas mínimamente exitosas. El liderazgo transformador será aquel que ponga orden en el Estado venezolano, divorciado hace décadas de cualquier concepto de eficacia, eficiencia y transparencia; entrenado, fundamentalmente, en fagocitar la riqueza social (venga del trabajo de su gente o de la liquidación de sus bienes de fortuna) para provecho propio. No vale la pena ni siquiera averiguar cuales son los nombres y apellidos de los que finalmente se benefician, cuales son las cuentas suizas y americanas que crecen con los recursos mal habidos o cuales los cargos que se cobran sin trabajar, los directorios y comisiones que se remuneran sin resultado alguno, etc…Lo importante es que hay un sistema activo y dominante diseñado para que ello siga sucediendo.
¿Cómo podemos pretender los venezolanos alimentar un fondo de estabilización contracíclico, que disminuya el riesgo de hecatombe en caso de merma brusca del ingreso petrolero, si apenas logramos una mejor distribución presupuestaria entre gasto e inversión? ¿Qué dificultad habría en que se asignasen los fondos presupuestarios necesarios para comprar los equipos de diagnóstico de Barrio Adentro o las maquinarias necesarias para la reactivación industrial o la mayor amortización de deuda externa? No resulta doloroso afirmar que se requieren vías alternas a la ejecución del gasto cuando las vías tradicionales desangran el presupuesto. ¿Qué lo justifica? ¿La viabilidad política? El régimen que mayor apoyo popular ha tenido en la historia reciente ¿No tiene el guáramo necesario para reformar la administración pública, para poner en orden el reparto que se hace en su cara, con su vientre y con sus manos?
La cruzada pendiente en Venezuela, más allá de discusiones sobre si activamos una auténtica propuesta liberal o no (que nunca la hemos tenido y hace más de cincuenta años que no existe político que la proponga) consiste en denunciar la vagabundería, el pillaje y apoyar a cualquier gobierno (incluso éste) que decida romper con esta historia de tolerancia que envilece el alma de nuestro pueblo. Y no gobiernos que, como alternativa al desastre, activen un estado paralelo, donde supuestamente la moral brilla y la función pública lucirá impoluta. Nuevas universidades para contrarrestar el vicio decadente de las existentes. Nuevo MSAS para compensar que el actual ya no le llegaba como debiera a la gente. Misiones por doquier para el ejercicio elemental de populismo que no sale bien desde la multimillonaria estructura estatal, donde pululan ahora los nuevos ricos de Venezuela. Eso sin hablar del nuevo Estado creado para sustituir a instituciones privadas de la sociedad, que crea por doquier empresas y cámaras empresariales, bancos, líneas aéreas, sindicatos, ong´s, etcétera, al más puro estilo adeco de los cincuenta. El monstruo debe estar feliz. Podrido y feliz.
No hace falta usar los fusiles, existen mecanismos en el marco de la ley (que tampoco pareciera lo más importante en esta patria anarquizada) que permiten romper el ciclo perverso de la rapiña pública. Hay conocimiento y experiencias útiles sobre el asunto en el resto del mundo, también en Venezuela. Tendríamos entonces un gobierno teóricamente confuso, pragmáticamente mal orientado, incapaz de ahorrar en un fondo contracíclico en período de altos ingresos, incapaz de provocar confianza privada más allá de la inversión transnacional petrolera, pero mínimamente coherente en su vieja propuesta moral.
Tal vez todos los que desconfían de que este gobierno pueda aprender de sus errores y apuestan a su temprana sustitución, deberían alegrarse de que sea más de lo mismo, porque tal vez esté todavía en su rango de posibilidades cortarle las patas al monstruo, limitar al Estado, regalarle una verdaderamente nueva ciudadanía al venezolano y, si llegase a hacerlo, tendríamos régimen pa´ rato.
sábado, 6 de mayo de 2006
El monstruo venezolano y la corrupción
En el primer mensaje del Presidente Chávez tras su victoria del 3D, anunció la “nueva época” de su gobierno a partir de dos grandes cruzadas “lucha contra la corrupción y contra la burocratización”. Últimamente ha hecho evidente su preocupación sobre este tema, o tal vez le ha preocupado siempre, pero diferentes motivos le impidieron asumirlo con el impacto y trascendencia que ahora quiere darle. Seguramente piensa que no hay camino para una revolución en la que los administradores públicos viven en medio de grandes lujos y acumulan ingentes fortunas, en forma directa o a través de sus testaferros.
Antes de entrar en el tema de la corrupción, quisiera referirme brevemente al asunto de la burocratización. En ciencias sociales el término burocracia no es peyorativo, se utiliza para referirse a la estructura técnica de servicios que el Estado requiere activar para administrar sus asuntos y mejor servir a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, caben calificativos de buena y mala burocracia, según se considere que desarrolla sus actividades en condiciones de calidad (eficiencia, eficacia, accesibilidad y satisfacción para los usuarios del servicio) y transparencia (disposición al control interno y externo).
Chávez llegó al poder con la idea de reducir la burocracia y anunció eliminación de ministerios, para evitar “tanto derroche de cargos y prebendas directivas”. Sin embargo, pronto renunció a reformar el aparato público estatal, por aquello de “reforma no es revolución”. Para evitar la ley de carrera administrativa, los contratos colectivos, la pesada carga de procesos, tecnologías y horarios que no parecían adecuarse a sus necesidades ejecutivas, decidió montar tienda aparte y agrandar el tamaño de nuestra maltrecha burocracia con la creación de múltiples organizaciones paraestatales. Se activó, además, un ambicioso proceso de sustitución de nombres para las organizaciones tradicionales, partición de funciones y/o enroque de actividades, produciendo una extensión aún mayor de la burocracia que originalmente recibió de Rafael Caldera.
Unos días antes del 3D Chávez anunciaba la creación de un nuevo ministerio (de deportes, creo). Otros fueron anunciados en los primeros días de enero. Cualquiera podría constatar el crecimiento exponencial de organizaciones estatales venezolanas, así como también el crecimiento de los recursos para financiarlas. Muchas de ellas nacen para dedicarse a actividades que recuerdan errores del pasado, incluyendo complejos industriales, agropecuarios, bancarios, turísticos y otras empresas estatales que no han tardado (algunas) y no tardarán (las demás) en generar terribles “huecos” financieros, debiendo ser cubiertos en competencia presupuestaria directa contra destinos como salud, vivienda o educación.
Así llegamos al tema de la corrupción. El Presidente plantea su cruzada en términos de lucha moral. El entusiasmo socialista se concentra en las actividades de un “hombre nuevo” que es moralmente más sólido que la débil estructura individualista y consumista que genera la inmoralidad capitalista. El llamado sería entonces a revisarnos todos, aportar más a los demás, controlar nuestros apetitos (menos whisky, delicatesses, joyas, accesorios, autos…), hacernos más solidarios y cooperativos. Pareciera, además, que la corrupción se debe a la presencia de funcionarios honestos (buenos) y deshonestos (malos), por lo que urge sustituir con los primeros a los segundos. Esta vieja teoría, tan fácil de asimilar por nuestros políticos (y por la mayor parte de nuestro pueblo), poco tiene que ayudar a la solución del problema. El Estado corrupto y corruptor. Ciertamente, la corrupción se relaciona mucho con nuestra conformación moral como ciudadanos y como sociedad. Sin embargo, no todos los países tienen el mismo nivel de corrupción y los expertos en reforma del Estado han logrado identificar que el problema se acentúa con ciertos caldos de cultivo. Por ejemplo, la corrupción tiende a desarrollarse allá donde las instituciones son débiles, donde la justicia no es expedita y/o funciona parcializada y allá donde las relaciones entre el Estado y la sociedad no tienen reglas claras y de fácil cumplimiento, más bien se guían por la discrecionalidad funcionarial y la regulación excesiva.
Venezuela tiene una amplia experiencia en este sentido. Con nuestra joven democracia nacieron algunos de los instrumentos legislativos de control social para la lucha contra la corrupción más largos y estrictos en el manejo de la cosa pública (por ejemplo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que revierte la carga de la prueba y obliga al sospechoso a demostrar su inocencia, por citar una de las más emblemáticas). Sin embargo, ha quedado suficientemente demostrado, a lo largo de varios gobiernos, el impacto nulo, incluso contrario a sus objetivos, de este tipo de instrumentos. Y poco tiene que ver con el tipo de gobierno o la intención de aplicarlo de una manera u otra. Es un problema sistémico del cual, lamentablemente, no escapa el gobierno actual. Funciona a través de una estructura de incentivos muy seria y fuertemente estructurada, de la que no pude escapar impoluto prácticamente nadie, dentro o fuera del Estado, como ha constatado cualquier venezolano a lo largo de su vida, al menos si ha tenido que obtener identificación, licencia para conducir o acceder al sistema de justicia.
Nuestro país ha sido y es cada vez más una gran alcabala gubernamental altamente centralizada, llena de regulaciones, muchas de ellas incumplibles, aplicadas con gran discrecionalidad y beneficiosa generalmente para grupos minoritarios (casi siempre cercanos a los administradores del poder público) aunque hechas bajo la premisa de buscar el beneficio del pueblo. No sólo proliferan las empresas públicas estatales, también se distorsionan los incentivos al sector privado y se canalizan recursos sin control para cooperativizar las relaciones laborales, rompiendo de este modo con grandes avances en reivindicaciones obreras históricas. ¿Cuántos recursos se han invertido en ello? ¿Quién los controla? ¿Quién evalúa el beneficio social producido en comparación con los recursos que se escapan en falsas iniciativas?
Si de verdad se quiere luchar contra la corrupción y contra la mala y excesiva burocratización, debería comenzarse por hacerle frente a la relación entre medios y objetivos públicos. Si se pretende servir más y mejor al pueblo, no hay que ser mago para pensar en estructuras más competitivas y flexibles que se acerquen mejor al óptimo de cumplimiento esperado. Está estudiado y aplicado con éxito por otros y, lo que resulta paradójico, por nosotros mismos (no todo es malo en nuestra experiencia de administración pública). Hasta para un Estado concentrado en repartir renta, la calidad de la burocracia y la capacidad de hacer ajustes innovadores puede ser determinante para el éxito del repartidor de turno.
Quedarían aún algunos graves asuntos por abordar ¿Qué hacer con la estructura de alcabalas que hoy enriquece a un importante grupo de jerarcas políticos? Estas personas harán lo imposible por evitar este tipo de reformas, casi seguro bajo argumentos cargados de dramatismo ideológico y nacionalismo. Además ¿Cómo abordar más eficazmente los problemas de la gente si la decisión pública trascendental deja de ser la creación de una comisión, un instituto o un ministerio?
Gobernar requiere compromisos compartidos, generación de difíciles consensos, diálogo crítico y abierto, liderazgo para proponer las soluciones más innovadoras y de difícil aplicación, más allá de lugares comunes sobre lo que necesita el pueblo y soluciones aún más comunes, que sólo logran transferir la riqueza de todos a las cuentas de unos pocos.
Hasta tanto no haya un planteamiento claro en este sentido, este gobierno, con todos los cambios de nombres y de formas, no pasará de ser una víctima más del gran monstruo que lleva años usufructuando a la gran mayoría de los venezolanos, los únicos dueños del patrimonio que él liquida en nombre de todos. El monstruo es la gran maquinaria de distribución rentista estatal venezolana, reacio a cualquier control social, enfermo y contagiando cotidianamente todo lo que entra en contacto con su elefantiásica y ulcerosa estructura. El problema no es, entonces, el administrador temporal de la renta, el jinete que el monstruo acepta subir a su grupa de buena gana, especialmente si llega con afán de luchar contra la pobreza repartiendo lo que es de todos, no importa cual sea su supuesta ideología.
El monstruo sólo se muestra agresivo y le lanza golpes y dardos venenosos al potencial piloto que muestre como iniciativa adecuarle a una función de servicio eficaz, eficiente y moderno. Combatir esta feroz defensa, movilizar fuerzas sociales para controlar al monstruo y transformarlo, sigue siendo el mayor reto actual y porvenir del liderazgo político venezolano. Sólo después tendrá sentido plantearse un proyecto compartido de país, sanando poco a poco las heridas físicas y emocionales de la gente, poniendo cada cosa en su sitio y reduciendo gradualmente la confusión. Lo demás es coyuntura, más corta o más larga, pero coyuntura.
Antes de entrar en el tema de la corrupción, quisiera referirme brevemente al asunto de la burocratización. En ciencias sociales el término burocracia no es peyorativo, se utiliza para referirse a la estructura técnica de servicios que el Estado requiere activar para administrar sus asuntos y mejor servir a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, caben calificativos de buena y mala burocracia, según se considere que desarrolla sus actividades en condiciones de calidad (eficiencia, eficacia, accesibilidad y satisfacción para los usuarios del servicio) y transparencia (disposición al control interno y externo).
Chávez llegó al poder con la idea de reducir la burocracia y anunció eliminación de ministerios, para evitar “tanto derroche de cargos y prebendas directivas”. Sin embargo, pronto renunció a reformar el aparato público estatal, por aquello de “reforma no es revolución”. Para evitar la ley de carrera administrativa, los contratos colectivos, la pesada carga de procesos, tecnologías y horarios que no parecían adecuarse a sus necesidades ejecutivas, decidió montar tienda aparte y agrandar el tamaño de nuestra maltrecha burocracia con la creación de múltiples organizaciones paraestatales. Se activó, además, un ambicioso proceso de sustitución de nombres para las organizaciones tradicionales, partición de funciones y/o enroque de actividades, produciendo una extensión aún mayor de la burocracia que originalmente recibió de Rafael Caldera.
Unos días antes del 3D Chávez anunciaba la creación de un nuevo ministerio (de deportes, creo). Otros fueron anunciados en los primeros días de enero. Cualquiera podría constatar el crecimiento exponencial de organizaciones estatales venezolanas, así como también el crecimiento de los recursos para financiarlas. Muchas de ellas nacen para dedicarse a actividades que recuerdan errores del pasado, incluyendo complejos industriales, agropecuarios, bancarios, turísticos y otras empresas estatales que no han tardado (algunas) y no tardarán (las demás) en generar terribles “huecos” financieros, debiendo ser cubiertos en competencia presupuestaria directa contra destinos como salud, vivienda o educación.
Así llegamos al tema de la corrupción. El Presidente plantea su cruzada en términos de lucha moral. El entusiasmo socialista se concentra en las actividades de un “hombre nuevo” que es moralmente más sólido que la débil estructura individualista y consumista que genera la inmoralidad capitalista. El llamado sería entonces a revisarnos todos, aportar más a los demás, controlar nuestros apetitos (menos whisky, delicatesses, joyas, accesorios, autos…), hacernos más solidarios y cooperativos. Pareciera, además, que la corrupción se debe a la presencia de funcionarios honestos (buenos) y deshonestos (malos), por lo que urge sustituir con los primeros a los segundos. Esta vieja teoría, tan fácil de asimilar por nuestros políticos (y por la mayor parte de nuestro pueblo), poco tiene que ayudar a la solución del problema. El Estado corrupto y corruptor. Ciertamente, la corrupción se relaciona mucho con nuestra conformación moral como ciudadanos y como sociedad. Sin embargo, no todos los países tienen el mismo nivel de corrupción y los expertos en reforma del Estado han logrado identificar que el problema se acentúa con ciertos caldos de cultivo. Por ejemplo, la corrupción tiende a desarrollarse allá donde las instituciones son débiles, donde la justicia no es expedita y/o funciona parcializada y allá donde las relaciones entre el Estado y la sociedad no tienen reglas claras y de fácil cumplimiento, más bien se guían por la discrecionalidad funcionarial y la regulación excesiva.
Venezuela tiene una amplia experiencia en este sentido. Con nuestra joven democracia nacieron algunos de los instrumentos legislativos de control social para la lucha contra la corrupción más largos y estrictos en el manejo de la cosa pública (por ejemplo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que revierte la carga de la prueba y obliga al sospechoso a demostrar su inocencia, por citar una de las más emblemáticas). Sin embargo, ha quedado suficientemente demostrado, a lo largo de varios gobiernos, el impacto nulo, incluso contrario a sus objetivos, de este tipo de instrumentos. Y poco tiene que ver con el tipo de gobierno o la intención de aplicarlo de una manera u otra. Es un problema sistémico del cual, lamentablemente, no escapa el gobierno actual. Funciona a través de una estructura de incentivos muy seria y fuertemente estructurada, de la que no pude escapar impoluto prácticamente nadie, dentro o fuera del Estado, como ha constatado cualquier venezolano a lo largo de su vida, al menos si ha tenido que obtener identificación, licencia para conducir o acceder al sistema de justicia.
Nuestro país ha sido y es cada vez más una gran alcabala gubernamental altamente centralizada, llena de regulaciones, muchas de ellas incumplibles, aplicadas con gran discrecionalidad y beneficiosa generalmente para grupos minoritarios (casi siempre cercanos a los administradores del poder público) aunque hechas bajo la premisa de buscar el beneficio del pueblo. No sólo proliferan las empresas públicas estatales, también se distorsionan los incentivos al sector privado y se canalizan recursos sin control para cooperativizar las relaciones laborales, rompiendo de este modo con grandes avances en reivindicaciones obreras históricas. ¿Cuántos recursos se han invertido en ello? ¿Quién los controla? ¿Quién evalúa el beneficio social producido en comparación con los recursos que se escapan en falsas iniciativas?
Si de verdad se quiere luchar contra la corrupción y contra la mala y excesiva burocratización, debería comenzarse por hacerle frente a la relación entre medios y objetivos públicos. Si se pretende servir más y mejor al pueblo, no hay que ser mago para pensar en estructuras más competitivas y flexibles que se acerquen mejor al óptimo de cumplimiento esperado. Está estudiado y aplicado con éxito por otros y, lo que resulta paradójico, por nosotros mismos (no todo es malo en nuestra experiencia de administración pública). Hasta para un Estado concentrado en repartir renta, la calidad de la burocracia y la capacidad de hacer ajustes innovadores puede ser determinante para el éxito del repartidor de turno.
Quedarían aún algunos graves asuntos por abordar ¿Qué hacer con la estructura de alcabalas que hoy enriquece a un importante grupo de jerarcas políticos? Estas personas harán lo imposible por evitar este tipo de reformas, casi seguro bajo argumentos cargados de dramatismo ideológico y nacionalismo. Además ¿Cómo abordar más eficazmente los problemas de la gente si la decisión pública trascendental deja de ser la creación de una comisión, un instituto o un ministerio?
Gobernar requiere compromisos compartidos, generación de difíciles consensos, diálogo crítico y abierto, liderazgo para proponer las soluciones más innovadoras y de difícil aplicación, más allá de lugares comunes sobre lo que necesita el pueblo y soluciones aún más comunes, que sólo logran transferir la riqueza de todos a las cuentas de unos pocos.
Hasta tanto no haya un planteamiento claro en este sentido, este gobierno, con todos los cambios de nombres y de formas, no pasará de ser una víctima más del gran monstruo que lleva años usufructuando a la gran mayoría de los venezolanos, los únicos dueños del patrimonio que él liquida en nombre de todos. El monstruo es la gran maquinaria de distribución rentista estatal venezolana, reacio a cualquier control social, enfermo y contagiando cotidianamente todo lo que entra en contacto con su elefantiásica y ulcerosa estructura. El problema no es, entonces, el administrador temporal de la renta, el jinete que el monstruo acepta subir a su grupa de buena gana, especialmente si llega con afán de luchar contra la pobreza repartiendo lo que es de todos, no importa cual sea su supuesta ideología.
El monstruo sólo se muestra agresivo y le lanza golpes y dardos venenosos al potencial piloto que muestre como iniciativa adecuarle a una función de servicio eficaz, eficiente y moderno. Combatir esta feroz defensa, movilizar fuerzas sociales para controlar al monstruo y transformarlo, sigue siendo el mayor reto actual y porvenir del liderazgo político venezolano. Sólo después tendrá sentido plantearse un proyecto compartido de país, sanando poco a poco las heridas físicas y emocionales de la gente, poniendo cada cosa en su sitio y reduciendo gradualmente la confusión. Lo demás es coyuntura, más corta o más larga, pero coyuntura.
jueves, 30 de marzo de 2006
La defensa y promoción de la competencia en Venezuela
Es mi humilde opinión que los argumentos más liberales demandan un Estado fuerte. Otros liberales creen que el Estado es una entelequia y que sólo existen los gobiernos, pero lo cierto es que las sociedades acumulan instituciones que regulan su funcionamiento y esas instituciones conforman una estructura que podríamos llamar Estado. Desde esta perspectiva, para promover y proteger los derechos de propiedad (única vía que ha conocido la humanidad para generar riqueza de manera intensa y sostenida) se requiere de un Estado sólido, fuerte, flexible, capaz de administrar eficazmente justicia y ofrecer paz y protección en el ámbito de la más amplia libertad posible.
Procompetencia es un organismo estatal regulador, cuya función primordial es defender la libre competencia, para evitar el monopolio y el oligopolio como figuras malsanas para el desarrollo económico deseado. Recientemente ha circulado entre los empresarios, una noticia emanada de la página web de Procompetencia, según la cual, este organismo adelantaría un programa de visitas fiscalizadoras con la finalidad de evitar las prácticas de monopolización, los carteles y las barreras de mercado.
Todos los gobiernos viven ciertas incoherencias en sus planteamientos. Sin embargo, en Venezuela muchos creen que la cuestión pública se está volviendo “bizarra”, al revés, mezcladora de valores y antivalores. Un ejemplo obvio es este de la competencia. Porque este país es miembro de uno de los carteles más fuertes de este planeta, la OPEP. Se trata de una organización indeseable para cualquier país defensor de la libre competencia, aún más si es subdesarrollado y sufre la inflación y los frenazos al crecimiento que derivan de los incrementos de precios que pudiera estar provocando, artificialmente, la gestión de esta asociación. Los incrementos de los precios del petróleo lo sufren especialmente los países en vías de desarrollo, sobre todo si no disfrutan de un acuerdo preferencial con una nación dadivosa, como en ocasiones resulta ser con algunos, Venezuela.
A pocos en Venezuela nos suena ilegítimo o inadecuado fijar cuotas de producción de mutuo acuerdo con otros productores para afectar interesadamente el precio. Total, estamos del lado de los que se benefician. Pocos extrañan que en nuestra estructura de costos, 4,75 dólares financien todos los costos e inversiones que realiza la industria para vender un barril de petróleo, incluyendo el costo fiscal y una ganancia razonable (por ejemplo, del 15%, poco común en el mercado). Con eso se paga todo, hasta la corrupción de la industria, si la hubiere, como siempre se ha denunciado. A pocos les extraña que los ciudadanos y empresas del planeta entero paguen 40 ó 60 ú 80 dólares por el mismo barril ni que pudiera haber algo de especulación cartelista en dicho precio. Tal vez Procompetencia debería construir alguna explicación para esta acción del gobierno venezolano.
Otros elementos de política del actual gobierno están golpeando sensiblemente la capacidad de tener una sana competencia entre las empresas que producen bienes y servicios en Venezuela. Se regulan precios directamente desde el Estado y se hace tabla rasa con el esfuerzo competitivo de las empresas ¿Para qué ser más eficiente y productivo en un mercado de precios controlados? Los precios controlados estandarizan y generalizan la mediocridad.
O también sufre la competitividad cuando se establecen acuerdos que suponen fuertes flujos de importación bajo condiciones arancelarias privilegiadas, sin atender las posibles correspondencias hacia las exportaciones. Porque el exportador no petrolero, vive preso de un ciclo de caja muy complicado, donde los costos que proyecta para cada operación, pasan por dinámicas burocráticas como la administradora estatal monopólica de divisas, CADIVI, que limitan su capacidad de ser eficiente en la futura asignación de recursos.
Otro elemento en contra de la competitividad empresarial en Venezuela es el Estado empresario, proveedor de bienes y servicios que perfectamente podría suministrar el sector privado de manera más eficiente gracias a la competitividad. Por ejemplo transporte aéreo, hotelería, minería, producción y distribución de alimentos, adiestramiento, servicios financieros y un largo etcétera. El Estado decide ofrecerlos y competir con el privado al hacerlo (o reservarse su intervención y convertir la actividad en un monopolio, la figura más perversa de mercado y la menos beneficiosa para el consumidor y el usuario), pero además lo hace en condiciones completamente diferentes a las que le demanda al privado en la misma actividad (impuestos, actualización de deudas frente a otros servicios públicos, acceso a divisas, a créditos, etc.).
El argumento se extiende para la nueva forma de capitalismo criollo, la cooperativa. En los países desarrollados que más utilizan esta forma de organización para la producción (por ejemplo en las orillas del Rhin o en los piedemontes alpinos italianos y suizos, en Euskadi o en Andalucía), su actividad suele estar estrictamente regulada para evitar evasión fiscal y otras distorsiones del mercado, pero además suele estar integrada de manera muy estrecha a cadenas productivas más complejas, donde la presencia de grandes corporaciones suele ser factor determinante en el desarrollo de estas mismas organizaciones.
O el Estado que incrementa abruptamente las estructuras de costo del empresario, al fijar el salario del 55% de la población empleada en el sector privada (tal es la cobertura del salario mínimo en nuestra alicaída economía privada venezolana). Eso sin considerar los incrementos de costos e ineficiencias derivados de la inamovilidad laboral y otros cambios en el régimen laboral vigente, bastante reexpresado en los últimos días. Sin considerar, sobre todo, la propia opinión del empresario sobre el asunto y considerando poco, lamentablemente, que su propia capacidad de pago como empleador luce comprometida, porque estamos lejos del equilibrio fiscal en Venezuela --a pesar del chorro de recursos que nos ha tocado y sin decir que hace ya bastante tiempo que decidimos dejar de ahorrar en fondos de estabilización macroeconómica y ahora el ejecutivo le “mete mano” directamente a las reservas internacionales, algo que no ha pasado por alto a los evaluadores del riesgo país, a pesar de los precios del petróleo.
Y es que para financiar el costo del aumento salarial por parte del Estado (incluyendo las pensiones del IVSS, homologadas a dicho salario) siempre tiene el Estado una cajita registradora muy particular, que saca dinero que no ha ingresado y que obliga a la audiencia a financiar su costo en forma de inflación. ¿No sería mejor que, al menos, el Estado evitara que sus “malos cálculos” produjeran la inflación más alta de América Latina? Así además de compensar a los 3 millones de trabajadores y ex trabajadores que se benefician de estas medidas puntuales de aumento, se protegería un poco a los 8 millones de trabajadores informales y desempleados que sufren, sin compensación alguna, la acción irresponsable del gestor público que no logra la contención fiscal mínima necesaria para proteger el valor de su moneda, la del laureado Bolívar.
Dios mío. ¡Cuánto trabajo para Procompetencia!
Procompetencia es un organismo estatal regulador, cuya función primordial es defender la libre competencia, para evitar el monopolio y el oligopolio como figuras malsanas para el desarrollo económico deseado. Recientemente ha circulado entre los empresarios, una noticia emanada de la página web de Procompetencia, según la cual, este organismo adelantaría un programa de visitas fiscalizadoras con la finalidad de evitar las prácticas de monopolización, los carteles y las barreras de mercado.
Todos los gobiernos viven ciertas incoherencias en sus planteamientos. Sin embargo, en Venezuela muchos creen que la cuestión pública se está volviendo “bizarra”, al revés, mezcladora de valores y antivalores. Un ejemplo obvio es este de la competencia. Porque este país es miembro de uno de los carteles más fuertes de este planeta, la OPEP. Se trata de una organización indeseable para cualquier país defensor de la libre competencia, aún más si es subdesarrollado y sufre la inflación y los frenazos al crecimiento que derivan de los incrementos de precios que pudiera estar provocando, artificialmente, la gestión de esta asociación. Los incrementos de los precios del petróleo lo sufren especialmente los países en vías de desarrollo, sobre todo si no disfrutan de un acuerdo preferencial con una nación dadivosa, como en ocasiones resulta ser con algunos, Venezuela.
A pocos en Venezuela nos suena ilegítimo o inadecuado fijar cuotas de producción de mutuo acuerdo con otros productores para afectar interesadamente el precio. Total, estamos del lado de los que se benefician. Pocos extrañan que en nuestra estructura de costos, 4,75 dólares financien todos los costos e inversiones que realiza la industria para vender un barril de petróleo, incluyendo el costo fiscal y una ganancia razonable (por ejemplo, del 15%, poco común en el mercado). Con eso se paga todo, hasta la corrupción de la industria, si la hubiere, como siempre se ha denunciado. A pocos les extraña que los ciudadanos y empresas del planeta entero paguen 40 ó 60 ú 80 dólares por el mismo barril ni que pudiera haber algo de especulación cartelista en dicho precio. Tal vez Procompetencia debería construir alguna explicación para esta acción del gobierno venezolano.
Otros elementos de política del actual gobierno están golpeando sensiblemente la capacidad de tener una sana competencia entre las empresas que producen bienes y servicios en Venezuela. Se regulan precios directamente desde el Estado y se hace tabla rasa con el esfuerzo competitivo de las empresas ¿Para qué ser más eficiente y productivo en un mercado de precios controlados? Los precios controlados estandarizan y generalizan la mediocridad.
O también sufre la competitividad cuando se establecen acuerdos que suponen fuertes flujos de importación bajo condiciones arancelarias privilegiadas, sin atender las posibles correspondencias hacia las exportaciones. Porque el exportador no petrolero, vive preso de un ciclo de caja muy complicado, donde los costos que proyecta para cada operación, pasan por dinámicas burocráticas como la administradora estatal monopólica de divisas, CADIVI, que limitan su capacidad de ser eficiente en la futura asignación de recursos.
Otro elemento en contra de la competitividad empresarial en Venezuela es el Estado empresario, proveedor de bienes y servicios que perfectamente podría suministrar el sector privado de manera más eficiente gracias a la competitividad. Por ejemplo transporte aéreo, hotelería, minería, producción y distribución de alimentos, adiestramiento, servicios financieros y un largo etcétera. El Estado decide ofrecerlos y competir con el privado al hacerlo (o reservarse su intervención y convertir la actividad en un monopolio, la figura más perversa de mercado y la menos beneficiosa para el consumidor y el usuario), pero además lo hace en condiciones completamente diferentes a las que le demanda al privado en la misma actividad (impuestos, actualización de deudas frente a otros servicios públicos, acceso a divisas, a créditos, etc.).
El argumento se extiende para la nueva forma de capitalismo criollo, la cooperativa. En los países desarrollados que más utilizan esta forma de organización para la producción (por ejemplo en las orillas del Rhin o en los piedemontes alpinos italianos y suizos, en Euskadi o en Andalucía), su actividad suele estar estrictamente regulada para evitar evasión fiscal y otras distorsiones del mercado, pero además suele estar integrada de manera muy estrecha a cadenas productivas más complejas, donde la presencia de grandes corporaciones suele ser factor determinante en el desarrollo de estas mismas organizaciones.
O el Estado que incrementa abruptamente las estructuras de costo del empresario, al fijar el salario del 55% de la población empleada en el sector privada (tal es la cobertura del salario mínimo en nuestra alicaída economía privada venezolana). Eso sin considerar los incrementos de costos e ineficiencias derivados de la inamovilidad laboral y otros cambios en el régimen laboral vigente, bastante reexpresado en los últimos días. Sin considerar, sobre todo, la propia opinión del empresario sobre el asunto y considerando poco, lamentablemente, que su propia capacidad de pago como empleador luce comprometida, porque estamos lejos del equilibrio fiscal en Venezuela --a pesar del chorro de recursos que nos ha tocado y sin decir que hace ya bastante tiempo que decidimos dejar de ahorrar en fondos de estabilización macroeconómica y ahora el ejecutivo le “mete mano” directamente a las reservas internacionales, algo que no ha pasado por alto a los evaluadores del riesgo país, a pesar de los precios del petróleo.
Y es que para financiar el costo del aumento salarial por parte del Estado (incluyendo las pensiones del IVSS, homologadas a dicho salario) siempre tiene el Estado una cajita registradora muy particular, que saca dinero que no ha ingresado y que obliga a la audiencia a financiar su costo en forma de inflación. ¿No sería mejor que, al menos, el Estado evitara que sus “malos cálculos” produjeran la inflación más alta de América Latina? Así además de compensar a los 3 millones de trabajadores y ex trabajadores que se benefician de estas medidas puntuales de aumento, se protegería un poco a los 8 millones de trabajadores informales y desempleados que sufren, sin compensación alguna, la acción irresponsable del gestor público que no logra la contención fiscal mínima necesaria para proteger el valor de su moneda, la del laureado Bolívar.
Dios mío. ¡Cuánto trabajo para Procompetencia!
