El monstruo venezolano y la corrupción

En el primer mensaje del Presidente Chávez tras su victoria del 3D, anunció la “nueva época” de su gobierno a partir de dos grandes cruzadas “lucha contra la corrupción y contra la burocratización”. Últimamente ha hecho evidente su preocupación sobre este tema, o tal vez le ha preocupado siempre, pero diferentes motivos le impidieron asumirlo con el impacto y trascendencia que ahora quiere darle. Seguramente piensa que no hay camino para una revolución en la que los administradores públicos viven en medio de grandes lujos y acumulan ingentes fortunas, en forma directa o a través de sus testaferros.

Antes de entrar en el tema de la corrupción, quisiera referirme brevemente al asunto de la burocratización. En ciencias sociales el término burocracia no es peyorativo, se utiliza para referirse a la estructura técnica de servicios que el Estado requiere activar para administrar sus asuntos y mejor servir a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, caben calificativos de buena y mala burocracia, según se considere que desarrolla sus actividades en condiciones de calidad (eficiencia, eficacia, accesibilidad y satisfacción para los usuarios del servicio) y transparencia (disposición al control interno y externo).

Chávez llegó al poder con la idea de reducir la burocracia y anunció eliminación de ministerios, para evitar “tanto derroche de cargos y prebendas directivas”. Sin embargo, pronto renunció a reformar el aparato público estatal, por aquello de “reforma no es revolución”. Para evitar la ley de carrera administrativa, los contratos colectivos, la pesada carga de procesos, tecnologías y horarios que no parecían adecuarse a sus necesidades ejecutivas, decidió montar tienda aparte y agrandar el tamaño de nuestra maltrecha burocracia con la creación de múltiples organizaciones paraestatales. Se activó, además, un ambicioso proceso de sustitución de nombres para las organizaciones tradicionales, partición de funciones y/o enroque de actividades, produciendo una extensión aún mayor de la burocracia que originalmente recibió de Rafael Caldera.

Unos días antes del 3D Chávez anunciaba la creación de un nuevo ministerio (de deportes, creo). Otros fueron anunciados en los primeros días de enero. Cualquiera podría constatar el crecimiento exponencial de organizaciones estatales venezolanas, así como también el crecimiento de los recursos para financiarlas. Muchas de ellas nacen para dedicarse a actividades que recuerdan errores del pasado, incluyendo complejos industriales, agropecuarios, bancarios, turísticos y otras empresas estatales que no han tardado (algunas) y no tardarán (las demás) en generar terribles “huecos” financieros, debiendo ser cubiertos en competencia presupuestaria directa contra destinos como salud, vivienda o educación.

Así llegamos al tema de la corrupción. El Presidente plantea su cruzada en términos de lucha moral. El entusiasmo socialista se concentra en las actividades de un “hombre nuevo” que es moralmente más sólido que la débil estructura individualista y consumista que genera la inmoralidad capitalista. El llamado sería entonces a revisarnos todos, aportar más a los demás, controlar nuestros apetitos (menos whisky, delicatesses, joyas, accesorios, autos…), hacernos más solidarios y cooperativos. Pareciera, además, que la corrupción se debe a la presencia de funcionarios honestos (buenos) y deshonestos (malos), por lo que urge sustituir con los primeros a los segundos. Esta vieja teoría, tan fácil de asimilar por nuestros políticos (y por la mayor parte de nuestro pueblo), poco tiene que ayudar a la solución del problema. El Estado corrupto y corruptor. Ciertamente, la corrupción se relaciona mucho con nuestra conformación moral como ciudadanos y como sociedad. Sin embargo, no todos los países tienen el mismo nivel de corrupción y los expertos en reforma del Estado han logrado identificar que el problema se acentúa con ciertos caldos de cultivo. Por ejemplo, la corrupción tiende a desarrollarse allá donde las instituciones son débiles, donde la justicia no es expedita y/o funciona parcializada y allá donde las relaciones entre el Estado y la sociedad no tienen reglas claras y de fácil cumplimiento, más bien se guían por la discrecionalidad funcionarial y la regulación excesiva.

Venezuela tiene una amplia experiencia en este sentido. Con nuestra joven democracia nacieron algunos de los instrumentos legislativos de control social para la lucha contra la corrupción más largos y estrictos en el manejo de la cosa pública (por ejemplo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que revierte la carga de la prueba y obliga al sospechoso a demostrar su inocencia, por citar una de las más emblemáticas). Sin embargo, ha quedado suficientemente demostrado, a lo largo de varios gobiernos, el impacto nulo, incluso contrario a sus objetivos, de este tipo de instrumentos. Y poco tiene que ver con el tipo de gobierno o la intención de aplicarlo de una manera u otra. Es un problema sistémico del cual, lamentablemente, no escapa el gobierno actual. Funciona a través de una estructura de incentivos muy seria y fuertemente estructurada, de la que no pude escapar impoluto prácticamente nadie, dentro o fuera del Estado, como ha constatado cualquier venezolano a lo largo de su vida, al menos si ha tenido que obtener identificación, licencia para conducir o acceder al sistema de justicia.
Nuestro país ha sido y es cada vez más una gran alcabala gubernamental altamente centralizada, llena de regulaciones, muchas de ellas incumplibles, aplicadas con gran discrecionalidad y beneficiosa generalmente para grupos minoritarios (casi siempre cercanos a los administradores del poder público) aunque hechas bajo la premisa de buscar el beneficio del pueblo. No sólo proliferan las empresas públicas estatales, también se distorsionan los incentivos al sector privado y se canalizan recursos sin control para cooperativizar las relaciones laborales, rompiendo de este modo con grandes avances en reivindicaciones obreras históricas. ¿Cuántos recursos se han invertido en ello? ¿Quién los controla? ¿Quién evalúa el beneficio social producido en comparación con los recursos que se escapan en falsas iniciativas?

Si de verdad se quiere luchar contra la corrupción y contra la mala y excesiva burocratización, debería comenzarse por hacerle frente a la relación entre medios y objetivos públicos. Si se pretende servir más y mejor al pueblo, no hay que ser mago para pensar en estructuras más competitivas y flexibles que se acerquen mejor al óptimo de cumplimiento esperado. Está estudiado y aplicado con éxito por otros y, lo que resulta paradójico, por nosotros mismos (no todo es malo en nuestra experiencia de administración pública). Hasta para un Estado concentrado en repartir renta, la calidad de la burocracia y la capacidad de hacer ajustes innovadores puede ser determinante para el éxito del repartidor de turno.

Quedarían aún algunos graves asuntos por abordar ¿Qué hacer con la estructura de alcabalas que hoy enriquece a un importante grupo de jerarcas políticos? Estas personas harán lo imposible por evitar este tipo de reformas, casi seguro bajo argumentos cargados de dramatismo ideológico y nacionalismo. Además ¿Cómo abordar más eficazmente los problemas de la gente si la decisión pública trascendental deja de ser la creación de una comisión, un instituto o un ministerio?

Gobernar requiere compromisos compartidos, generación de difíciles consensos, diálogo crítico y abierto, liderazgo para proponer las soluciones más innovadoras y de difícil aplicación, más allá de lugares comunes sobre lo que necesita el pueblo y soluciones aún más comunes, que sólo logran transferir la riqueza de todos a las cuentas de unos pocos.

Hasta tanto no haya un planteamiento claro en este sentido, este gobierno, con todos los cambios de nombres y de formas, no pasará de ser una víctima más del gran monstruo que lleva años usufructuando a la gran mayoría de los venezolanos, los únicos dueños del patrimonio que él liquida en nombre de todos. El monstruo es la gran maquinaria de distribución rentista estatal venezolana, reacio a cualquier control social, enfermo y contagiando cotidianamente todo lo que entra en contacto con su elefantiásica y ulcerosa estructura. El problema no es, entonces, el administrador temporal de la renta, el jinete que el monstruo acepta subir a su grupa de buena gana, especialmente si llega con afán de luchar contra la pobreza repartiendo lo que es de todos, no importa cual sea su supuesta ideología.

El monstruo sólo se muestra agresivo y le lanza golpes y dardos venenosos al potencial piloto que muestre como iniciativa adecuarle a una función de servicio eficaz, eficiente y moderno. Combatir esta feroz defensa, movilizar fuerzas sociales para controlar al monstruo y transformarlo, sigue siendo el mayor reto actual y porvenir del liderazgo político venezolano. Sólo después tendrá sentido plantearse un proyecto compartido de país, sanando poco a poco las heridas físicas y emocionales de la gente, poniendo cada cosa en su sitio y reduciendo gradualmente la confusión. Lo demás es coyuntura, más corta o más larga, pero coyuntura.