La defensa y promoción de la competencia en Venezuela

Es mi humilde opinión que los argumentos más liberales demandan un Estado fuerte. Otros liberales creen que el Estado es una entelequia y que sólo existen los gobiernos, pero lo cierto es que las sociedades acumulan instituciones que regulan su funcionamiento y esas instituciones conforman una estructura que podríamos llamar Estado. Desde esta perspectiva, para promover y proteger los derechos de propiedad (única vía que ha conocido la humanidad para generar riqueza de manera intensa y sostenida) se requiere de un Estado sólido, fuerte, flexible, capaz de administrar eficazmente justicia y ofrecer paz y protección en el ámbito de la más amplia libertad posible.

Procompetencia es un organismo estatal regulador, cuya función primordial es defender la libre competencia, para evitar el monopolio y el oligopolio como figuras malsanas para el desarrollo económico deseado. Recientemente ha circulado entre los empresarios, una noticia emanada de la página web de Procompetencia, según la cual, este organismo adelantaría un programa de visitas fiscalizadoras con la finalidad de evitar las prácticas de monopolización, los carteles y las barreras de mercado.

Todos los gobiernos viven ciertas incoherencias en sus planteamientos. Sin embargo, en Venezuela muchos creen que la cuestión pública se está volviendo “bizarra”, al revés, mezcladora de valores y antivalores. Un ejemplo obvio es este de la competencia. Porque este país es miembro de uno de los carteles más fuertes de este planeta, la OPEP. Se trata de una organización indeseable para cualquier país defensor de la libre competencia, aún más si es subdesarrollado y sufre la inflación y los frenazos al crecimiento que derivan de los incrementos de precios que pudiera estar provocando, artificialmente, la gestión de esta asociación. Los incrementos de los precios del petróleo lo sufren especialmente los países en vías de desarrollo, sobre todo si no disfrutan de un acuerdo preferencial con una nación dadivosa, como en ocasiones resulta ser con algunos, Venezuela.

A pocos en Venezuela nos suena ilegítimo o inadecuado fijar cuotas de producción de mutuo acuerdo con otros productores para afectar interesadamente el precio. Total, estamos del lado de los que se benefician. Pocos extrañan que en nuestra estructura de costos, 4,75 dólares financien todos los costos e inversiones que realiza la industria para vender un barril de petróleo, incluyendo el costo fiscal y una ganancia razonable (por ejemplo, del 15%, poco común en el mercado). Con eso se paga todo, hasta la corrupción de la industria, si la hubiere, como siempre se ha denunciado. A pocos les extraña que los ciudadanos y empresas del planeta entero paguen 40 ó 60 ú 80 dólares por el mismo barril ni que pudiera haber algo de especulación cartelista en dicho precio. Tal vez Procompetencia debería construir alguna explicación para esta acción del gobierno venezolano.

Otros elementos de política del actual gobierno están golpeando sensiblemente la capacidad de tener una sana competencia entre las empresas que producen bienes y servicios en Venezuela. Se regulan precios directamente desde el Estado y se hace tabla rasa con el esfuerzo competitivo de las empresas ¿Para qué ser más eficiente y productivo en un mercado de precios controlados? Los precios controlados estandarizan y generalizan la mediocridad.

O también sufre la competitividad cuando se establecen acuerdos que suponen fuertes flujos de importación bajo condiciones arancelarias privilegiadas, sin atender las posibles correspondencias hacia las exportaciones. Porque el exportador no petrolero, vive preso de un ciclo de caja muy complicado, donde los costos que proyecta para cada operación, pasan por dinámicas burocráticas como la administradora estatal monopólica de divisas, CADIVI, que limitan su capacidad de ser eficiente en la futura asignación de recursos.

Otro elemento en contra de la competitividad empresarial en Venezuela es el Estado empresario, proveedor de bienes y servicios que perfectamente podría suministrar el sector privado de manera más eficiente gracias a la competitividad. Por ejemplo transporte aéreo, hotelería, minería, producción y distribución de alimentos, adiestramiento, servicios financieros y un largo etcétera. El Estado decide ofrecerlos y competir con el privado al hacerlo (o reservarse su intervención y convertir la actividad en un monopolio, la figura más perversa de mercado y la menos beneficiosa para el consumidor y el usuario), pero además lo hace en condiciones completamente diferentes a las que le demanda al privado en la misma actividad (impuestos, actualización de deudas frente a otros servicios públicos, acceso a divisas, a créditos, etc.).

El argumento se extiende para la nueva forma de capitalismo criollo, la cooperativa. En los países desarrollados que más utilizan esta forma de organización para la producción (por ejemplo en las orillas del Rhin o en los piedemontes alpinos italianos y suizos, en Euskadi o en Andalucía), su actividad suele estar estrictamente regulada para evitar evasión fiscal y otras distorsiones del mercado, pero además suele estar integrada de manera muy estrecha a cadenas productivas más complejas, donde la presencia de grandes corporaciones suele ser factor determinante en el desarrollo de estas mismas organizaciones.

O el Estado que incrementa abruptamente las estructuras de costo del empresario, al fijar el salario del 55% de la población empleada en el sector privada (tal es la cobertura del salario mínimo en nuestra alicaída economía privada venezolana). Eso sin considerar los incrementos de costos e ineficiencias derivados de la inamovilidad laboral y otros cambios en el régimen laboral vigente, bastante reexpresado en los últimos días. Sin considerar, sobre todo, la propia opinión del empresario sobre el asunto y considerando poco, lamentablemente, que su propia capacidad de pago como empleador luce comprometida, porque estamos lejos del equilibrio fiscal en Venezuela --a pesar del chorro de recursos que nos ha tocado y sin decir que hace ya bastante tiempo que decidimos dejar de ahorrar en fondos de estabilización macroeconómica y ahora el ejecutivo le “mete mano” directamente a las reservas internacionales, algo que no ha pasado por alto a los evaluadores del riesgo país, a pesar de los precios del petróleo.

Y es que para financiar el costo del aumento salarial por parte del Estado (incluyendo las pensiones del IVSS, homologadas a dicho salario) siempre tiene el Estado una cajita registradora muy particular, que saca dinero que no ha ingresado y que obliga a la audiencia a financiar su costo en forma de inflación. ¿No sería mejor que, al menos, el Estado evitara que sus “malos cálculos” produjeran la inflación más alta de América Latina? Así además de compensar a los 3 millones de trabajadores y ex trabajadores que se benefician de estas medidas puntuales de aumento, se protegería un poco a los 8 millones de trabajadores informales y desempleados que sufren, sin compensación alguna, la acción irresponsable del gestor público que no logra la contención fiscal mínima necesaria para proteger el valor de su moneda, la del laureado Bolívar.

Dios mío. ¡Cuánto trabajo para Procompetencia!