Venezuela: pasado, presente y futuro

La situación

Venezuela intentó superar las dictaduras andinas con un modelo populista de conciliación que coincidió con una gran fase de expansión rentística petrolera. Se acentuó la urbanización del país en medio de una explosión demográfica y el sistema político no alcanzó para renovarse al ritmo que requerían los acontecimientos. A una primera etapa de modernización del Estado, del sistema productivo y de las relaciones sociales y culturales, continuó el pillaje de lo público, impuesto como sistema de interacción en un ambiente civil institucionalmente relajado, devaluada la justicia y creciendo un enorme cinturón de pobreza en las grandes ciudades al mismo ritmo que las cuentas en divisas de los promotores empresariales aliados al gobierno de turno. Como resultado, desde principios de los años 70, la devaluación, la inflación, la erosión del salario y el deterioro de lo público se instalaron para quedarse.

Una buena parte de Venezuela interpretó las fallas de este modelo en términos de justicia distributiva. Para entonces, el Estado enfermo era cada vez más inefectivo en ofrecer respuestas en términos de gestión pública. La enfermedad del Estado para ese momento era ya como la adicción a drogas duras de un adulto que dejó atrás lo mejor de su juventud, que al consumo de la sustancia adictiva debía añadir pésimos hábitos de higiene y alimentación, fallas orgánicas cada vez más frecuentes y un sistema nervioso central deteriorado. Un viejo que se trasnocha de parranda, pide prestado para consumir si no tiene, rompe platos y mesas, practica sexo irresponsable, se pelea con la gente, para luego caer agotado y levantarse al día siguiente con terribles malestares, pero sin recordar gran cosa de la última fiesta.

Sin embargo, la idea de país rico pero mal administrado se impuso en todas las organizaciones, las del estatus quo y las emergentes. Así, un liderazgo mesiánico, acorde con nuestra idiosincrasia caudillista y premoderna, ofreció curar al enfermo ¿con qué tratamiento?

El nuevo liderazgo, convencido de la majestad del enfermo y justificando sus padecimientos en las malas compañías y los antros nocturnos que le llevaban por malos caminos, propone que le demos más poder, más recursos, más responsabilidades, que el enfermo haga justicia y construya el bienestar para todos.

Una nueva fase de expansión petrolera –es decir, acceso barato a droga abundante- hizo ver hasta con gracia los nuevos relojes y trajes del viejo enfermo, los nuevos vehículos, los nuevos viajes. El pueblo llegó a creer que viajando uno viajábamos todos y, además, muchos se conectaron en la casa pintada de nuevos colores y llegaron a creer que era la nueva justicia que cambiaba el modelo, porque ahora ellos estaban adentro. Ahora los de antes no seguirían haciendo lo que hacían, nunca volverían. Ahora los nuevos harían la justicia ¿Cabía suponer que hiciesen algo diferente a los anteriores?

Ahora la resaca es de todos. El Estado venezolano, lleno de abalorios deteriorados, está más grave que nunca, sin droga suficiente para sus necesidades. Civiles y militares embobados por el vaho pernicioso del Estado enfermo dan gritos de soberanía y amor patrio, pero el desperfecto en torno a lo público es enorme. La última fiesta fue larga y los daños son muy costosos.

Control de daños

Hay una vieja técnica usual en el mundo de la ingeniería y seguridad industrial. Ante las situaciones más duras y difíciles de abordar se impone una mirada fría y serena para procurar evitar que un movimiento equivocado acentúe los efectos del problema. Control de daños.

Necesitamos darle una lectura crítica, pero positiva, a esta situación. Sin esto como requisito es muy poco probable que avancemos y siempre hay sótanos más oscuros y lúgubres debajo del que hoy nos alberga. Prácticamente no existen límites para una crisis en el ámbito de una nación. Su fin, a veces doloroso y sangriento, puede incluir la desmembración nacional, caer objeto del pillaje externo, fenecer como República.

¿Qué se puede hacer hoy? En principio establecer algunos parámetros de diagnóstico. Así, vale la pena destacar, en términos problema, lo siguiente:

- Venezuela tiene artificialmente atadas y golpeadas sus fuerzas productivas más formalizadas y tecnificadas, privilegiando la economía del contrabando. No es un resultado de la confluencia de mil factores, es una práctica institucional concreta del Estado, superpuesta en miles de herramientas legales que ubicaban el problema del lado equivocado.
- El Estado y sus instituciones económicas han perdido su capacidad de proteger el valor de la moneda y van a la zaga en su interés de proteger el salario como figura principal de remuneración productiva.
- Venezuela tiene un sistema de gestión pública desenfocado, concentrado en acumular empresas productivas en manos del Estado, para trasladar bienes y servicios privados con subsidios radicales a la población, sin distinción de nivel socio económico, al tiempo que se debilitan las infraestructuras y servicios públicos.
- Venezuela tiene un sistema de orden público débil, que permite la reproducción de mafias que cuestionan diariamente la autoridad del Estado y regulan la vida de los ciudadanos con diferentes formas de incentivos negativos y peajes (atracos y extorsiones diversas) sin grandes capacidades para la articulación de prevención y castigo desde los sistemas de resguardo y justicia.

Pero al mismo tiempo, en términos de fortalezas, aún se pueden identificar:

- Gente emprendedora y con suficientes valores como para distinguir cosas bien y mal hechas.
- Ciudadanos capacitados para trabajar en múltiples áreas.
- Recursos naturales con gran potencial de acompañar propuestas productivas.
- Aparato estatal con grandes capacidades infraestructurales en algunas áreas muy importantes de desempeño público, como atención médica y educación (especialmente primaria y universitaria), además de un gran despliegue territorial en la República, con múltiples edificios, oficinas y equipamiento, con potencial para recombinaciones de funciones que amortigüen el deterioro de lo público.

En función de ello, urge reordenar los elementos políticos y técnicos para que un gobierno se fortalezca en su capacidad de enfocarse en la producción de bienes y servicios públicos fundamentales, al tiempo que identifica y construye mecanismos de compensación dirigidos a los potencialmente más desfavorecidos por los ajustes económicos necesarios.

Venezuela como proyecto sustentable

En función de evitar que se acumulen y continúen los daños, se propone un plan de trabajo que considere 5 aspectos prioritarios:

A) Generar un programa macroeconómico coherente, que proponga y disponga una moneda fuerte (por ejemplo la divisa china, aunque mucho más sencillo y coherente sería el dólar) en legal y completa circulación por el territorio; un programa que reestructure la deuda pública, priorice el gasto de inversión en el ámbito público, rentabilice esa inversión hasta la cobertura de todos los costos involucrados en todos aquellos bienes y servicios producidos por el Estado que sean de consumo privado (por ejemplo la gasolina o el suministro eléctrico residencial y comercial). Un programa que abandone las ocupaciones del Estado en la producción de bienes y servicios en los que se produzca habitual competencia productiva por parte de los privados nacionales (alimentos, productos de higiene, repuestos, entre otros) e incorpore un sistema de compensaciones que incluya acuerdos con privados para subsidiar el acceso de los más desfavorecidos a bienes prioritarios y genere un programa concertado de industrialización volcado a la exportación.

B) Generar un programa de reestructuración y modernización del aparato estatal coherente, que permita incrementar y mejorar el perfil de desempeño de los servicios de justicia, policía, educadores, médicos y paramédicos, mientras se abandona gradualmente todo esfuerzo de producir bienes y servicios privados. Convocar los cargos públicos a concursos y limitar los cargos de confianza al 5% de la nómina estatal. Reducir la nómina del Estado un 40% y elevar los sueldos de los funcionarios a un nivel mínimo de 400 dólares. En una primera etapa privatización de compañías bancarias, de seguros, turísticas, de telecomunicaciones, de transporte, agrícolas, industriales no mineras. Aplicar pruebas de acceso y desempeño en toda la función pública. Más allá de los títulos académicos, establecer estándares de aplicación para las principales funciones públicas (educador, médico, paramédico, ingeniero, juez, fiscal, defensor público, contador, administrador, mecánico, electricista, entre otros). Al que las falle, ofrecerle un programa especial de recuperación de la profesionalización y si luego de un año, persiste la falla, desincorporarlo de la función pública durante 3 años hasta una tercera y definitiva prueba. Asegurar que los funcionarios públicos de alto nivel solo accedan a servicios públicos de salud y educación para ellos mismos y sus familiares directos en centros estatales, sin excepción.

C) Ampliación de la infraestructura en áreas críticas: cloacas y plantas de tratamiento de aguas servidas, acueductos, vialidad interurbana –carreteras, canales, puentes y vías férreas-, liceos y centros de formación para el trabajo, centros de procesamiento de desechos sólidos y construcción de urbanismo y desarrollo para viviendas. Construir un plan nacional de servicios públicos en ciudades, que haga seguimiento y disponga incentivos para la mejora de los indicadores de seguridad, saneamiento, suministro de agua, ordenamiento urbano, electricidad, gas, telefonía, vialidad, transporte y extensión y protección del patrimonio ambiental y cultural.

D) Reestructurar el currículo de formación media y de oficio. Promover su conexión con las necesidades del emprendimiento y el empleo para asegurar que todo joven próximo a cumplir 18 años tiene un oficio productivo.

E) Sacar el petróleo de las finanzas públicas con un modelo similar al noruego. Separar al regulador del productor. Que el Estado se financie solo con impuestos y acumular las regalías para destinos únicamente vinculados a la amortización de deudas o el desarrollo de infraestructuras. Construir un sistema tributario que incentive reglas claras y estimule la inversión a largo plazo. Disminuir la carga impositiva al capital y concentrarla en las rentas.

Venezuela próspera, capaz de administrar y promover justicia y servir de modelo de desarrollo para el Mundo, es posible. Rompamos con 60 años de Estado productor y distribuidor y construyamos servicios públicos de calidad en los que la vida, la salud, la educación orientada por la aptitud, la justicia equitativa y efectiva, el patrimonio natural y cultural protegido, la libertad económica del emprendimiento sin monopolios y sin inflación y con propiedad privada protegida, sean derechos auténticamente garantizados para todos.

No es tan difícil. La clave es no tratar al enfermo como si no hubiese pasado nada. Si reconocemos su enfermedad podemos ayudarle y si le ayudamos, él puede servirnos de acuerdo a su más alta misión. En medio, negociemos los impactos con criterio de equidad, compensaciones jerarquizadas y pongámosle coto a la corrupción. En 30 años podemos ser la envidia del continente y del Mundo, además de modelo de desarrollo sostenible. Evadir esta discusión o proponer como respuesta nuevos sistemas de repartición, reforzando prácticas políticas populistas, solo nos hunde más en la ciénaga.