El petróleo en la nueva República

Uno de los puntos más difíciles de abordar en las reformas necesarias para este proyecto de nación llamado Venezuela es el rol del petróleo en la economía. Ya sería importante sin que se hubiese convertido en la base de nuestra enfermedad, en la que ha dominado al Monstruo desde hace décadas y mantiene a la sociedad drogada con su vaho pernicioso. Porque el petróleo, como actividad industrial, puede ser una gran oportunidad de desenvolvimiento tecnológico nacional competitivo, algo que el país había comenzado a construir a partir de los años 50 del siglo pasado a través de la Corporación Venezolana de Petróleo, pero que se desdibujó con la interpretación sesgada de las iniciativas de nacionalización a principios de los 70.

El petróleo ubica a Venezuela en un eje espacial y temporal muy particular del Mundo, facilitándole recursos externos sin contrapartida productiva nacional (la renta) y provocando una gran cantidad de distorsiones económicas y políticas vinculadas con su tratamiento por parte de la sociedad y su Estado.

Los pocos liberales tradicionales que hacen política u opinión en Venezuela, consideran que la industria petrolera venezolana debe ser privatizada, rompiendo así la fuente de droga del Monstruo. Pero Venezuela vive desinstitucionalizada, es decir, con insuficiente y deficiente Estado. Las posibilidades de regular la protección de la propiedad (por decir un ejemplo) dependería de que la sociedad se hubiese dotado previamente de un entramado político institucional suficientemente sólido para hacer respetar la Ley. Por ello, luce especialmente complicado plantear una privatización, al menos una que incluya los yacimientos, que sería la única auténticamente eficiente para lograr los cambios requeridos. Las posibilidades de un manejo perverso de este proceso y de los recursos que momentáneamente genere, llevan a dudar sobre los mecanismos para ofrecerle un tratamiento al Monstruo.

Este es el principal problema para abordar los cambios. Nada más fácil que argumentar graves medidas que limiten el uso abusivo de los recursos nacionales por parte de los aprovechadores de oficio que, mediante discursos populistas, acceden a las mayorías coyunturales que les permiten administrar el Estado como si fuera su granja particular, expropiando y juzgando a su antojo, manipulando los poderes del Estado gracias a su omnímodo poder distribuidor, ajeno a cualquier contrapeso. Pero serían estos mismos líderes los encargados de administrar un proceso de privatización y pareciera que, entonces, pudiera el país enfrentarse a una situación en la que haya liquidado su patrimonio de manera agresiva y su Estado continúe endeudándose y abordando sin tino los retos de servicio público que lleva años sin asumir, pero esta vez sin alternativa de liquidación patrimonial alguna (algunos lo consideran un costo necesario en términos de construcción nacional).

Lo cierto es que el fortalecimiento del Estado es la tarea más urgente del liderazgo político venezolano para el presente y el futuro, para sacar la renta petrolera de las finanzas públicas (al menos de las que facilitan incrementos del gasto corriente o de inversiones alejadas de cualquier criterio de eficacia o eficiencia y en áreas lejanas al mandato medular del Estado).

Pero tarde o temprano, líderes bien formados, adultos emocional y moralmente sólidos, retados en su capacidad para promover cambios modernizadores, se enfrentarán a la cueva del Monstruo sin que los miembros de la sociedad les hayamos facilitado el mandato claro de lo que ha de hacerse con respecto a la droga que facilita el caos (y que, seguro, les convoca para hacerse líderes del proceso de repartición, una de las más duras pruebas que el Monstruo le tiene preparada a cualquiera que se cree en condiciones de promover la transformación positiva del país).

Entonces, desde la racionalidad tecnopolítica básica, cabría anticipar la preparación de nuestros líderes para enfrentar este dilema. Así cabe plantearse lo siguiente:

1. El Estado venezolano debe financiar sus actividades a través de mecanismos tributarios sanos y progresivos, basados en la productividad nacional (impuesto sobre la renta de actividades empresariales y personales crecientes). Esto deja fuera del ámbito de cualquier ejercicio público razonable, el financiamiento de las operaciones del Estado a partir de la captación y distribución de renta petrolera.

2. El petróleo incluye actividades productivas nacionales que pueden representar, en término medio, entre una mitad y una quinta parte del ingreso petrolero (es decir, entre una mitad y cuatro quintas partes del ingreso proviene de una transferencia rentística no vinculada a un ejercicio nacional productivo) que deben generar impuestos para el Estado a tasas similares a las de cualquier actividad productiva. La Renta debe ser alejada del financiamiento corriente y dirigida a la alimentación de una serie de Fondos Nacionales.

3. Esta medida supondría el colapso total del Estado, que debe entonces dejar de mirar su ombligo para promover un proceso de selección de operaciones estratégicas para abordar los principales problemas de la gente, centrándose en que dichas operaciones activen capacidades humanas a lo largo y ancho de la sociedad, en vez de anularlas.

4. Políticamente se requiere un esfuerzo de integración social que facilite la asimilación de futuros deseables compartidos. El proyecto político requiere romper paradigmas de engaño, pillaje e incredulidad para construir conductas ciudadanas que faciliten la reconstrucción y castiguen el oportunismo cortoplacista y el caos.

5. Las regalías y otros ingresos rentísticos que provoquen las empresas venezolanas y extranjeras dedicadas a la actividad, deberían dedicarse a la creación de Fondos Nacionales, dirigidos a los siguientes destinos fiscales:

6. Un primer Fondo dedicado a la reestructuración del Estado. Una parte de este Fondo debe dirigirse a la reestructuración misma de la industria petrolera, que debe crear un organismo de planificación y coordinación que contribuya a generar el marco propicio para la explotación intensa y responsable de los recursos. Otra parte debe dedicarse a la capitalización humana e inteligente de las principales áreas de servicio público (seguridad, justicia, coordinación, información, salubridad, educación, servicios urbanos, etcétera), haciendo énfasis en recursos para la liquidación de centenares de miles de funcionarios públicos que deben comenzar a ofrecer sus servicios a través de nuevas figuras descentralizadas que resulten de más fácil administración por parte de órganos de gestión locales e intermedios, permitiendo concentrar la inteligencia del Estado Central para sus funciones medulares, hoy descuidadas. Como ejemplo, esta segunda parte del Fondo 1, debe dedicar ingentes recursos para la reestructuración de los grandes ministerios (por ejemplo, salud y educación) para su agresiva descentralización, promoviendo la centralización y fortalecimiento de su capacidad planificadora, coordinadora, supervisora y auditora.

7. Un segundo Fondo rentístico debe dedicarse a generar un plan creíble de reinstalación de infraestructuras, especialmente las vinculadas a los grandes centros urbanos, que han visto como se deteriora agresivamente su capacidad para abordar los grandes retos de vivienda, suministro de agua potable, saneamiento y otros servicios, comunicación y empleo para millones de empobrecidos habitantes urbanos.

8. Un tercer Fondo debe orientarse a generar los mecanismos contracíclicos para evitar los shocks externos por los vaivenes en los precios de realización petrolera.

La reestructuración del Estado es la clave del proceso. El Estado debe ser una organización social dotada de las más potentes herramientas y los recursos humanos mejor capacitados, con tecnologías orientadas a la dirección estratégica para atacar los principales problemas de la gente (morbilidad, inseguridad, desadaptación social y productiva, justicia ineficaz e ineficiente, entre otros).

El petróleo, en la nueva República, no es más que una industria activa, retada en su capacidad de integración social y ambiental, regulada por un Estado potente, pero cauto, promoviendo transformaciones en las capacidades productivas de la gente y facilitando un orden razonable para el desenvolvimiento exitoso de todos, sin ambicionar representar linealmente a la sociedad nunca más. El Estado al servicio de la gente, no de las élites clientelares que lo administran.