Los deberes del gobierno (II)

En la primera parte de este artículo se justificaban las funciones primarias de un gobierno moderno: defensa, seguridad, orden público, administración de justicia, protección del patrimonio natural y cultural, mantenimiento de áreas y bienes públicos, producción de ciertos bienes y servicios económicos (protección del libre acceso al mercado, moneda, préstamos de última instancia para los bancos, acuerdos para la promoción del comercio con otras naciones y medidas anti dumping para compensar subsidios extranjeros sobre su producción nacional, regulación de pesos y medidas, protección de la propiedad privada); servicios de salud (suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas, prevención de enfermedades a través del saneamiento, la vacunación y la educación, promoción del acceso igualitario a la atención primaria y promoción de servicios especializados y super especializados de atención médica); la regulación y promoción de servicios educativos y culturales (garantías de acceso a la educación preescolar y básica para promover prácticas socializadoras, incremento sistemática de oportunidades de formación de oficio, promoción de servicios culturales y deportivos); la planeación y construcción de grandes infraestructuras, la atención a grupos vulnerables, la promoción del acceso igualitario para todos a bienes y servicios públicos al tiempo que se incentivan los talentos y capacidades más importantes para lo público en la sociedad; generación de confianza para la producción, inversión e innovación y, por último, la promoción de investigaciones básicas y aplicadas.

Es una larga lista. Está llena de actividades muy complejas (por sus requerimientos técnicos, organizacionales, financieros, materiales, humanos...también por las dificultades políticas para su diseño, financiamiento y administración) pero no es una lista acabada. En esta segunda entrega se abrirá un inciso para responder cuestiones que pueden surgir como duda al plantearse el reto de definir funciones de gobierno, como paso previo para establecer parámetros que permitan evaluar la calidad de su provisión.

Uno de los aspectos que vale la pena anticipar guarda relación con el asunto del financiamiento. Y es que, para muchos, decidir a qué cosas debe o no dedicarse un gobierno incluye, casi sin límites, todo lo que se les ocurra a la hora de hacer feliz a la gente. Pero un gobierno es un aparato organizacional humano, diseñado (bien o mal) y armado (bien o mal) con infraestructuras, tecnologías, recursos materiales, financieros, humanos...Es decir, un gobierno es un conjunto de emprendimientos sociales para brindar bienes y servicios. En términos políticos, ideológicos, históricos, filosóficos, antropológicos o legales puede ser muchas otras cosas diferentes, pero para efectos del punto que se tocará en esta nota, el gobierno es también un conjunto de organismos, institutos, empresas, fundaciones que deben producir y, para hacerlo, necesitan recursos.

¿Quién provee estos recursos para el funcionamiento del gobierno, sean cuales sean sus ocupaciones, sea cual sea la calidad y la satisfacción que proveen? Los ciudadanos. Son los ciudadanos los que pagan la cuenta, siempre (o casi siempre, más adelante en esta misma nota veremos que una excepción se presenta en las economías rentistas e intentaremos explicarlo) y, por lo tanto, cabe imaginar que los ciudadanos se pregunten qué se hace con su dinero.

Las empresas, los trabajadores producen bienes y servicios y pagan impuestos para financiar actividades que, por diversas razones, no se buscan en condiciones normales de competencia en el mercado. No es lógico esperar que los ciudadanos limpien su casa, su patio y, además, continúen la limpieza más allá de la acera, hacia la calle, la avenida, la plaza...Y si no lo hace cada ciudadano ¿quién lo hace? No parece lógico tampoco que un particular limpie la plaza y cobre a los que la visitan por sus servicios.

El gobierno brinda servicios cuya provisión de su parte puede ser justificada de diversas maneras (incluidas razones político ideológicas). Sin embargo, no cabe duda que siempre que se trate de un proceso de producción, habrá costos y se requerirá su financiamiento, para lo cual la sociedad deberá laborar y producir con excedentes suficientes para financiar cualquier tarea productiva que decidamos asignarle al gobierno.

Por lo tanto, si un gobierno decidiese que todos sus ciudadanos merecen un determinado bien o servicio, supongamos, una renta mínima vitalicia (es decir, una asignación por parte del gobierno de una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, 100 unidades monetarias mensuales) es claro que la sociedad debería producir bienes y servicios competitivos en el mercado para generar excedentes que le permitiesen pagar al gobierno impuestos para financiar este bien o servicio.

Resulta obvio también que si el gobierno quiere trasladar 100 unidades monetarias a cada particular, entonces deberá recibir más de 100 unidades monetarias para poder hacerlo ¿por qué? Porque el gobierno es una organización cuyos procesos productivos tienen costos. Los funcionarios deben ser remunerados y los demás insumos productivos rentados. Así, cada esfuerzo público que nos parezca útil hacer en cualquier área, implica, necesariamente, una asignación de recursos por parte de la sociedad, que deben incluir, el financiamiento del costo fijo del aparataje del Estado. Es decir, si la sociedad es la que paga el funcionamiento del gobierno, cabe también preguntarse si algunos de los bienes o servicios que espera que produzcan deben ser satisfechos a través de esta regla de producción: PARTICULARES PRODUCEN--> UNA PARTE DE LO PRODUCIDO SE TRASLADA AL GOBIERNO COMO RENTA IMPOSITIVA--> EL GOBIERNO PRODUCE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DISFRUTE DE LOS PARTICULARES.

Así, podría el gobierno plantearse la producción de automóviles para los particulares (obsérvese que no están en la lista inicial de bienes y servicios a ser producidos por el gobierno). El particular deberá ofrecer al gobierno, recursos por un valor mayor a los costos variables de producción de cada vehículo, para asegurar el funcionamiento del aparataje organizacional vinculado con este proceso productivo. Ahora bien, el particular podría preguntarse: "Si hay doce o quince corporaciones privadas compitiendo entre sí para ofrecer centenares de alternativas en términos de productos en el mercado automotriz, con gran variedad de cilindradas, formas, colores...¿Para qué usar al gobierno en este fin? ¿lo hará mejor, con mayor calidad, eficacia y eficiencia, es decir, mejor y a menor costo? ¿Será que existe la posibilidad de que el gobierno se distraiga de otras graves funciones - ver la lista - por dedicarse a producir autos?

Desde el punto de vista del aparato del Estado también surgirían dudas. Si los particulares desean vehículos y llegasen a la conclusión que, para incrementar la suma de felicidad que les provee el gobierno, debe ofrecerles vehículos, el gobierno debe atender las siguientes preguntas: "¿Cuál es el equipamiento básico que debemos incorporar a estos vehículos?¿qué tan variados y potentes los haremos? ¿Los entregaremos sin contrapartida monetaria, es decir, sin que medie precio en la transacción? Si es así ¿cómo decidiremos las cantidades a producir de cada modelo y de qué modo lo asignaremos a sus usuarios finales? Si reclamaremos una contrapartida ¿cuál sería? ¿La equivalente al costo medio y marginal de producción? ¿Alguna por debajo de este costo, es decir, con subsidio? En caso de subsidio, está claro que este subsidio competiría en términos de asignación con cualquier otro bien o servicio público ¿es razonable que el subsidio de autos compita con vacunas, por ejemplo? Si lo ofrecemos a costos reales, ¿lograremos ser competitivos en el mercado, para que nuestros autos no salgan al final más caros que los de las empresas privadas? ¿Cuánto invertiríamos en innovación para mantener esa competitividad? ¿Qué tan bien remuneraríamos a nuestros creativos, gerentes y directivos? No son dudas superfluas.

Todo esto puede parecer una tontería para el que conozca principios elementales de administración o economía, incluso para un padre de familia o una jefa de hogar que no completó educación básica. Pero muchos estudiantes de pregrado y postgrado lo olvidan al referirse a funciones necesarias de gobierno y al expresar su deseo porque el gobierno actúe brindando estos o aquellos servicios.

Cabe esperar que la ecuación básica de producción para bienes y servicios de gobierno esté siempre presente a la hora de evaluar, con más o menos entusiasmo, la necesidad de incorporar más cosas en la lista.

Por último, antes de comentar sobre la excepción a la regla del financiamiento, una referencia inevitable. Hasta ahora nos hemos referido en sentido genérico a la cuestión del financiamiento, al costo implícito en cada actividad estatal y a la dificultad para que el gobierno compita en saludables condiciones con privados para la producción de ciertos bienes y servicios. Pero cabe traer a colación las dificultades gerenciales y directivas que involucra la administración del Estado. Por estas limitaciones, los bienes y servicios públicos no suelen alcanzar el nivel competitivo de bienes y servicios similares en el sector privado. Por ello, debemos ser aún más estrictos a la hora de construir la lista de funciones que le asignamos al gobierno. Porque deben tratarse de bienes y servicios de gran necesidad social, no provistos de forma convencional y competitiva por los privados, cuyo costo pueda ser alto, pero mida nuestro interés como sociedad por dotarnos de estos bienes y servicios, inevitablemente costosos. Vacunar niños, sin que medie precio alguno, es una actividad costosa, pero los beneficios sociales que derivan de esta actividad o, mejor planteado, los costos sociales que evita, son de tal magnitud que la carga tributaria que los financia nos mide como ciudadanos, nos dice cuáles son nuestras prioridades. LA LISTA es, en definitiva, una relación caracterizadora de nuestra interpretación social de lo público, es una definición de quiénes somos.

Por otro lado, países como Venezuela han perdido esta conexión. Sus ciudadanos están idiotizados por el vaho de un Monstruo pernicioso, que les ha hecho olvidar el origen y sentido de las funciones de gobierno, que les ha vendido la ilusión de que todo puede y debe ser satisfecho por el gobierno, que magnánimo y justiciero a un tiempo, ofrecerá vida de primer mundo a sus ciudadanos simplemente por el hecho de haber nacido donde nacieron.

¿Pero cómo pueden los ciudadanos de un país creer semejante patraña? Ah, resulta que tuvieron la suerte (algunos creen que la desgracia) de haber nacido sobre recursos que las otras sociedades del planeta valoran más allá de su simple costo productivo, generando un plus especulativo en el precio que se traslada como renta a su propietario. En el caso de Venezuela, en un acto de aparente justificación racional y moderna, esa propiedad está condicionada a la administración por parte del gobierno. Años de actividad administradora de las propiedades rentísticas de sus ciudadanos, terminaron confeccionando el semblante actual del Monstruo Venezolano. Está podrido de poder omnímodo y cree realmente que puede y debe llevar justicia y bienestar a sus desposeídos ciudadanos, que nunca parecen tener la mayoría de edad para decidir sobre sus propiedades. Pero como es el Estado el administrador rentista, como la renta llega como esfuerzo ajeno (internacional) y no llega a pagar esfuerzo productivo nacional, el rico es uno solo, el Estado y su administrador de turno, el gobierno. Se trata además de una riqueza mercantilista, no capitalista. El Estado rico no lo es por su talante productivo, por innovar ofreciendo bienes y servicios de gran valor agregado a las demás sociedades del planeta, por acumular conocimientos sobre su perfil competitivo. No. De hecho ataca cualquier cosa que parezca capitalismo. No le interesa la productividad. Todo lo que suene a capitalismo le parece podrido. Los ricos que pueda haber en la sociedad, están mediatizados, igual que los pobres (la mayoría) por la relación con este superpropietario. Se ha roto la ecuación básica que impone racionalidad a LA LISTA. Por ello, la lista de un país como Venezuela incluye bienes y servicios como: habitaciones en hoteles cinco estrellas, decenas de bancos, compañías telefónicas, compañías de transporte, almacenamiento, autos, neveras y un largo etcétera.

No es raro que, además, los bienes y servicios de la lista básica, los surgidos por auténtica necesidad de la sociedad para con su gobierno, estén siendo gravemente desatendid0s. ¿Hasta donde la enfermedad social que sustenta el Monstruo en sus ciudadanos a través de su vaho rentista será capaz de sostener este mal sueño de premodernidad? Quien sabe. Mientras, el Mundo trabaja arduamente por dotarse de gobiernos poderosos y flexibles para atender más y mejor las necesidades que demandan sus ciudadanos. Eso, dentro de las limitaciones estructurales del sistema de fraccionamientos político territoriales y culturales que llamamos naciones. La sustentabilidad aún es un tema en formación y casi nadie está listo ideológicamente para superar el Estado-Nación. Además, de aceptarlo, se convertirá en una amenaza para sus conciudadanos nacionales, que podrían castigarle por ello.